Más funcionarios que autónomos

Las élites que empujaron el progreso de España, a partir de 1959, optaron por los trabajos profesionales autónomos. Eran abogados, médicos, maestros de obras, carpinteros, electricistas, mecánicos, etc. La universidad, las escuelas laborales, o pasar largos años de aprendizaje permitían subir la escalera social. El Estado era pequeño, no suponía más del 20% del conjunto de la economía, por lo que la carga tributaria también lo era. El empleo público era ciertamente estable, pero no solía estar tan bien retribuido como sus alternativas privadas.

Ahora, la composición social ha cambiado, España ya cuenta con más funcionarios que autónomos. Algo que marca, a fuego, la nueva sociología del país. Evidentemente, el bienestar del funcionario depende esencialmente de la marcha del Estado, y no tanto de la marca de la economía general. La escalera social está más definida por el diseño de las estrategias de ascenso en los distintos departamentos que por la atención al público o por los resultados realmente alcanzados. 

En el ámbito público los salarios son frutos de la negociación, no de la productividad. De esta manera, ocupar en régimen de monopolio en un determinado sector otorga un gran poder de negociación a sus trabajadores. Así, los salarios pasan a ser más elevados que en las empresas privadas competitivas. Además, la desvinculación con la marcha general de la economía pasa a ser total. En este sentido, baste recordar que, durante el encierro colectivo al que obligó el gobierno en 2020, los funcionarios continuaron percibiendo la totalidad de sus emolumentos, mientras que la mayoría de autónomos se vieron muy afectados.

Es cierto que los empleados públicos, han pasado por una oposición competitiva al inicio de sus carreras, que, en el caso de los de más alto nivel, acostumbra a ser exigente e incluso dura. Sin embargo, ésto, unido a lo ya comentado, tiene toda una serie de efectos sociales no intencionados sobre los que conviene meditar. El primero, y tal vez más importante es que los vástagos mejor preparados de las élites intelectuales que optaron en su momento por los trabajos autónomos, ahora preferirán los públicos.

La creatividad de los “mejor preparados” como funcionarios sólo puede canalizarse mediante la creación de normas, y otras formas de influencia, sobre el conjunto de la sociedad. Pues, desde sus puestos, no pueden optar por desarrollar nuevos productos o servicios que mejoren la vida de sus conciudadanos. La dinámica del crecimiento de la burocracia está servida y, con ella, la del estancamiento de la renta per cápita. Ciertamente, el resultado es el incremento de efectivos que “mueven papeles” o manejan expedientes electrónicos sin producir nada que contribuya al bien común.

De esta forma, se incrementa la carga tributaria y reglamentaria que soportan los autónomos, cuyo nuevo objetivo pasará a ser el engrosar las filas de la función pública. Una forma de pensar se expande como las ondas en el agua alcanzando también a las empresas que colaboran o están participadas por el propio Estado.

Sin ir más lejos se puede tomar el caso de Red Eléctrica Española, una empresa que no tendría por qué existir como monopolio, lo que haría innecesario su control por parte del gobierno, permitiendo que la distribución en alta y medida del fluido eléctrico pudiese alcanzar niveles más elevados de seguridad, sostenibilidad y economía. Sin embargo, es la mentalidad funcionarial la que considera que es mejor que este tipo de servicios esté centralizado y controlado por una élite dominante espléndidamente retribuida. Para lo cual se constituye con la forma mercantil de empresa. Lo que, además, permitirá incrementar el número de personas a su servicio. La compra de voluntades la blinda de toda crítica e impide que cualquier alternativa gane adeptos. 

Por supuesto, así, ningún partido político ha sido capaz de alterar la naturaleza de este funcionamiento. Y eso que, con la crisis del 2008, parecía posible. Probablemente porque la transformación sociológica de la nación ya estaba consolidada en ese momento. De hecho, el PSOE fue el primero en impulsar este cambio, mientras que el PP suele debatirse entre seguir la corriente u optar por la transformación gradual y moderada.

La reestructuración del Estado en comunidades autónomas fue, probablemente, el punto de inflexión. Las élites establecidas, y los que aspiraban a tal categoría, vieron entonces una oportunidad de oro en el fuerte crecimiento del Estado impulsado por los nuevos organismos. Así, en poco tiempo, la actividad económica del sector público fue aumentando hasta alcanzar casi el 50% del total actual. Ahora el cambio sociológico está consumado.