La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado este lunes que mantener en los bancos los remanentes de tesorería fruto del superávit presupuestario acumulado en estos años cuesta a los ayuntamientos unos 70 millones de euros al año, únicamente en concepto de intereses.
En su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Congreso, a la que ha acudido para explicar el acuerdo del Gobierno con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para dar salida a estos remanentes, Montero ha indicado que los ayuntamientos tienen que hacer frente a intereses de hasta el 0,50 por ciento derivados de estos depósitos.
La titular de Hacienda ha señalado que este coste, gracias al acuerdo alcanzado en el seno de la FEMP, pasaría a ser asumido por la Administración central, y ha defendido la necesidad de "reenfocar" las políticas públicas para la "reconstrucción social y económica tras la pandemia".
"Los municipios han de ejercer un importante protagonismo" en la gestión de la crisis, según Montero, ya que se trata, siguiendo su argumentación de la institución "más cercana a los ciudadanos, y la que mejor conoce su situación. Están llamados a jugar un papel destacado para la reconstrucción".
MONTERO: "NO HAY OTRA ALTERNATIVA POSIBLE"
La también portavoz del Ejecutivo ha querido dejar claro en el Congreso que no hay alternativa a su decreto ley sobre el uso de los remanentes de los ayuntamientos, que fue aprobado por la mínima en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y y que toda la oposición ha pedido retirar.
En su comparecencia en el Congreso, Montero ha señalado que la fórmula que pactó con el presidente de la FEMP, el socialista Abel Caballero, es un "buen acuerdo" para que los ayuntamientos que quieran puedan gastar 5.000 millones de sus remanentes sin saltarse la Constitución ni la Ley de Estabilidad. "Es el único mecanismo que hemos encontrado, no se nos ocurre ningún otro alternativo", ha avisado a la oposición.
Según ha recordado, el articulo 135 de la Constitución y la posterior Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria impiden a los ayuntamientos hacer uso de sus remanentes, y son dos normas cuya reforma exige unas condiciones que, tal como ha advertido, "no se dan hoy por hoy en España".
En este contexto, la ministra ha detallado que la única propuesta que está en condiciones de ofrecer a la oposición es no poner en marcha el fondo de remanentes hasta que el decreto sea convalidado y tramitar después la norma como proyecto de ley para que el Congreso pueda perfeccionar esta parte. "Es lo más que puedo plantear. Soy absolutamente clara y sincera", ha zanjado Montero, quien ha reclamado que la financiación municipal no se convierta en otro argumento de pelea partidista.
EL PP, CONTUNDENTE: "ES UN CHANTAJE DESPRECIABLE"
Por su parte, la portavoz del PP, Carolina España, ha remarcado que la actitud del Gobierno central supone "un despreciable chantaje a los ayuntamientos". España ha aconsejado al Ejecutivo retirar el decreto para volver a abrir una negociación con los Consistorios, ya que, según ha advertido, "si el Gobierno sigue adelante, recurrirán al Tribunal Constitucional".
En similares términos se ha pronunciado Víctor González Coello de Portugal, de Vox, quien ha asegurado que su grupo político no participa en este "latrocinio" y que recurrirá este mecanismos por todas las vías a su alcance.
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