No lo digo yo, pero lo comparto. Se desprende de las quejas y denuncias públicas que realizan la mayor parte de médicos y enfermeros de Baleares ante la aberración de imponer el catalán como requisito excluyente para ejercer las profesiones sanitarias en el sector público. Con el agravante de encontrarnos en un archipiélago con necesidad de facultativos.
La enfermedad catalanista avanza en todos los ámbitos, también ataca a la sanidad. Paradójico no. PSOE, PODEMOS, MES y EL PI, prefieren a un médico con certificado lingüístico (previo paso por caja) a uno con Premio Nobel sin nivel C de catalán.
Esta enfermedad se puede llevar por delante a una gran mayoría de los excelentes profesionales que tenemos en las islas. Y no porque éstos se contagien, sino porque el virus catalanista expulsará a los sanos: Médicos y enfermeros comprometidos con su profesión y que trabajan para atender al paciente por encima de consideraciones ideológicas. En vez de gestionar correctamente la sanidad pública, que falta hace, el gobierno autonómico se entretiene en crear más problemas, porque siguen sin escuchar a los profesionales del sector.
El Dr. Carbonero, psiquiatra en la Unidad de Salud Mental de Es Viver, en Ibiza, ha denunciado que de las más de 7.000 quejas registradas el año pasado en el Servicio Público de Salud, solo 7 eran por el catalán y 2 por el castellano. Pero esta nula incidencia por motivos lingüísticos les da igual a los ayatollahs de la lengua. Su cruzada catalanista, de la que viven, no sólo pisotea los derechos y libertades de los ciudadanos, también les perjudica la salud: La única neuropediatra de Ibiza va a perder la plaza por no tener
el certificado de catalán. Los pacientes, incluso los niños, quedan en un segundo plano. Lo importante es crear un nuevo problema que dificulte aún más la correcta atención médica.
Veremos las medidas que adoptan los partidos que acostumbran a ponerse de perfil cuando se trata de la imposición del catalán, o que realizan grandes declaraciones, incluso acertados diagnósticos, sin aportar soluciones prácticas. Mientras, a la espera de que otro partido sí que tenga la voluntad política suficiente para derogar las normativas lingüísticas que llegan a primar la obtención de un certificado de catalán sobre la titulación médica, recomiendo al Sindicato Médico y al de Enfermería que recurran este Decretazo acudiendo al fondo de la sentencia del Tribunal Supremo de 2009 que estableció que la atención sanitaria prevalece sobre el requisito de la lengua si hay escasez de profesionales. Una sentencia que recoge importante conceptos como: “La potencial o real afectación de la prestación asistencial”, que afecta, “al interés público y a otros derechos de las personas, como la salud, la integridad física y moral, incluso, en último extremo, la vida”. No podemos ceder ante este chantaje con tintes dictatoriales.
