La nueva flota de ambulancias de Baleares ya comenzó su andadura con la rueda izquierda. La promesa de modernización del transporte sanitario parecía en su momento un anuncio necesario y esperado por muchos. Más vehículos, más seguridad, más confort. Una inversión millonaria que prometía dejar atrás una flota envejecida. Tras el desembolso de cerca de 56 millones de euros y la llegada de 246 nuevas ambulancias a los garajes del GSAIB, los primeros problemas no tardaron en aparecer.
El primer acto de esta historia se remonta a cuando la consellera de Salud defendió públicamente la compra de la nueva flota. El mensaje era claro: renovación integral del servicio, mejora de las condiciones técnicas y un salto cualitativo en la atención a los pacientes. Desde el Govern se presentó la operación como una apuesta estratégica, sin fisuras aparentes y con el foco puesto casi exclusivamente en las ventajas del nuevo modelo.
Ese relato, sin embargo, no vino acompañado —según denuncian ahora los sindicatos— de una comunicación clara a la plantilla. Desde la recién creada sección sindical de USO en GSAIB aseguran que nunca existió información oficial sobre las características técnicas de los nuevos vehículos. “Todo fue siempre un rumor de boca en boca”, explican. Se sabía que llegarían ambulancias más equipadas, con camillas eléctricas y rampas automáticas, y que algunas "superarían los 3.500 kilos", pero sin confirmación formal ni un plan de adaptación. “Nunca hubo comunicados ni formación específica”, sostienen.
El segundo capítulo llegó con el despliegue de la flota. Las nuevas ambulancias empezaron a sustituir progresivamente a las antiguas en un proceso que Salud calificó de ordenado y planificado. Sobre el papel, el sistema avanzaba hacia el modelo más moderno y seguro prometido meses atrás. En la práctica, empezaban a aflorar las fricciones internas.
GSAIB convive con dos realidades laborales distintas: el transporte urgente y el programado. En el primero, la adaptación fue progresiva y la mayoría del personal dispone del carné C desde hace años. El conflicto estalla en el transporte programado, donde el carné C "nunca fue un requisito contractual". Según los sindicatos, "hay entre 120 y 140 trabajadores que no lo tienen" y alrededor de un centenar que sí, pero que se niegan a conducir las nuevas ambulancias al considerar que se trata "de una modificación sustancial de sus condiciones laborales".
CERCA DE 80 SERVICIOS SE VEN AFECTADOS
El lunes, esa negativa empezó a tener impacto visible. Un total de 82 servicios de transporte programado se vieron afectados en Mallorca después de que ocho técnicos más se sumaran al paro de conductores. En total, unos 70 profesionales con carné C habían anunciado que dejarían de ponerse al volante de las nuevas ambulancias si no se reconocía económicamente ese permiso y el aumento de responsabilidades que conlleva.
Desde el IbSalut, en cambio, se minimiza el conflicto. Fuentes del organismo aseguran que estos técnicos ya conducían ambulancias “de características similares” y que el paro no ha sido convocado por los cauces legales, por lo que advierten de "posibles expedientes disciplinarios a quienes no acudan a su puesto de trabajo".
Los trabajadores rechazan ese argumento. Subrayan que no se trata solo de prestaciones, sino de responsabilidad. "Un vehículo pesado tiene más inercia, menos maniobrabilidad y exige mayor pericia". A ello se suma el coste personal: el carné C debe renovarse cada cinco años, su obtención puede superar los 3.000 euros y no es obligatorio para el transporte sanitario no urgente. “No estamos obligados a prestar ese título a la empresa”, recalcan.
Además del carné, el conflicto arrastra otros elementos laborales. Los técnicos denuncian turnos “impuestos” de lunes a sábado, de 06.00 a 22.00 horas, sin cobrar pluses de nocturnidad ni de turnicidad, a diferencia de otros colectivos. También se quejan de ser los únicos que asumen la carga de trabajo de las ambulancias con rampas eléctricas y camillas, lo que concentra el esfuerzo físico y la presión operativa.
REUNIONES CON LA GERENCIA DEL GSAIB
Las reivindicaciones no son nuevas. Según explican, fueron trasladadas a la gerencia del GSAIB en una reunión celebrada el pasado 9 de diciembre. La respuesta, dicen, fue “irrisoria”: asumir únicamente los 100 euros que cuesta la renovación del carné C cada cinco años. A cambio, aseguran haber recibido advertencias de posibles suspensiones de empleo y sueldo o incluso despidos.
Desde Salud, la respuesta política llegó este lunes durante una visita al centro de salud de Son Ferriol. El mensaje fue directo: “Habrá consecuencias para aquellos que se nieguen a conducir las ambulancias”. La conselleria insiste en que el conflicto "es minoritario" y que el servicio "está garantizado".
Los trabajadores, por su parte, niegan que la calidad asistencial esté en juego. “Los usuarios estarán bien atendidos”, aseguran. Las rampas eléctricas facilitan el trabajo y reducen lesiones, pero no cambian la atención al paciente. “Quien sigue empujando una silla, con rampa manual o eléctrica, es el trabajador”, resumen.
De momento, la nueva flota circula y el conflicto sigue abierto. Salut insiste en que el servicio está garantizado; los trabajadores, en que el problema no es el vehículo, sino las condiciones. Entre la ambulancia del futuro y la realidad laboral del presente, la negociación —si llega— aún no ha arrancado.
