Nuevo enfrentamiento entre el Govern balear y el Gobierno central. Si hace unos días fue por las objeciones del Ministerio de Medio Ambiente al proyecto de Ley anti prospecciones en el Mar Mediterráneo, en esta ocasión se trata del informe jurídico que el Ministerio de Economía ha remitido al Ejecutivo autonómico, sobre el proyecto de ley que se tramita en el Parlament sobre el alquiler turístico. Desde el Gobierno de Mariano Rajoy se cuestionan las competencias del Govern para establecer un techo de plazas, así como las competencias de los consells insulars en la ordenación territorial y en la determinación de zonas donde se permitirá el alquiler turístico. El Govern, en boca del vicepresidente Biel Barceló, rápidamente mostro su disposición a la pelea al considerar el informe de Economía como “un ataque a nuestra autonomía”.
Sin embargo, desde Madrid se alega que las restricciones previstas en el proyecto de Ley deben ser compatibles con el principio de libertad de empresa, la normativa de competencia y la Ley de garantía de la unidad de mercado, aspectos muy claros que conviene respetar si no se quiere tener problemas jurídicos en el futuro y también en el marco de la Unión Europea.
El Govern, que tanto presume de diálogo y negociación, pretende aprobar la reforma de la Ley turística con los únicos votos de los partidos que le dan apoyo y con la oposición del resto de la Cámara, además de la negativa de no pocos grupos sociales y empresariales afectados por la reforma. Convendría que además de presumir de diálogo, el Ejecutivo de Armengol se preocupase de ejercitarlo. Y en lugar de rasgarse las vestiduras por las objeciones del Gobierno central, se aplicase en evitar toda fricción que pueda acabar generando problemas de índole jurídico en la futura Ley.
