La ley electoral española presupone que los diputados acuden al Congreso en representación de sus electores para defender, no sus intereses particulares o territoriales, sino su concepción del bien común. El parlamento no debería ser, en ningún caso, un congreso de embajadores que defienden intereses distintos y hostiles.
Sin embargo, esa actitud desleal es la que han mantenido, tanto los nacionalistas vascos como los catalanes, desde los inicios de la transición. Además, la posibilidad de convertirse, con sus escasos representantes, en la “bisagra” que puede otorgar el gobierno a unos u otros les ha permitido gozar de un extraordinario poder. De hecho, muy al contrario del victimismo que exhiben de cara a sus respectivas parroquias, han sido los grupos que más han contribuido a configurar el actual panorama político a todos los niveles.
Efectivamente, las exigencias de los nacionalistas siempre se han acabado aceptando. Lo cual les ha permitido, entre otras cosas, señorear sus respectivos territorios, donde han impuesto su visión particular de la historia y del mundo, llegando a excluir (cancelar) a los que no la comparten sin ningún tipo de consecuencia.
De esta forma, en el caso de los nacionalistas del País Vasco y Navarra, a través de sus derechos forales, combinados con la contabilidad más creativa y oscura que les permite la existencia de cinco agencias tributarias diferenciadas, han conseguido, no sólo gozar del doble de financiación del resto de autonomías, sino de recibir importantes y crecientes sumas de dinero de las demás comunidades. Es decir, una redistribución a la inversa, las más pobres pagan a las más ricas. Por supuesto, esa abundancia extra se destina, en buena medida, a tejer tupidas redes clientelares al objeto de mantener el poder. Para las élites de ambas comunidades es una situación claramente preferible a la de la independencia pura y dura.
Los nacionalistas catalanes, tras el estrepitoso fracaso de su Procés, pretenden aprovechar la desmesurada ambición de Pedro Sánchez para obtener privilegios similares a los de sus correligionarios vascos. Para ello cuentan con siete esenciales, y muy disciplinados, diputados nacionales. La ocasión, desde su perspectiva, es inmejorable, tienen dos años por delante.
Por supuesto, dada la dimensión de la economía del Principado, no se llegará a una situación igual de un día para otro, sino que implementará algún sistema que permita alcanzar esos objetivos progresivamente al cabo de un tiempo. También hay que dar por descontado que incluirán la palabra “solidaridad” en todos los documentos que se elaboren, con la finalidad de suavizar el impacto de cara a la opinión pública. La táctica de la Ventana de Overton es marca de la casa.
Ante esta situación es normal que cualquier analista se haga la pregunta de sí estamos pagando a los vascos y navarros para que prefieran mantener la nacionalidad española a ser independientes. Claro que se trata de una unidad fundamentalmente electoral, pues tanto al PNV como a Bildu, les interesa muchísimo mantener sus cuotas de poder en el Congreso de los Diputados, donde radica su fuerza extractiva que les allana el camino tanto a la lehendakaritza, y como a la presidencia de distintas instituciones navarras. Desde donde, además, pueden imponer, poco a poco, que España salga de sus territorios, ya sea en materia educativa, de símbolos, idiomática, en histórica, en sentimientos deportivos, en materia policial, etc. A excepción, ¡claro está!, de las confrontaciones electorales al parlamento español.
Obtener mucha más financiación autonómica, puede parecer una buena noticia para el ciudadano medio de esas comunidades. Sin embargo, la experiencia demuestra que la gestión nacionalista, aún a pesar de contar con muchos más recursos, acaba conduciendo a la decadencia. De hecho, ese es el motivo por el cual están tan interesados en impedir disminuciones tributarias en la Comunidad de Madrid, y en otras como la Balear, ya que tales descensos suelen estar vinculados a una administración más eficaz.
Para realizar una operación similar en Cataluña, Sánchez, está dispuesto a transformar el modelo de Estado en uno confederal, asimétrico y plurinacional. Ya cuenta con los peones perfectamente colocados en el Tribunal Constitucional y en otras instituciones. Lo cual, desde su punto de vista, tendrá la ventaja añadida de hacer casi imposible la alternancia política, esto es, de amplificar el Pacte del Tinell.
Ciertamente, la UE podría decir algo al respecto. Siempre me gusta recordar cómo, desde esas instancias, se descabalgó a Zapatero. Pero, todo parece indicar que ahora está mucho más debilitada.
La pretendida quita de la deuda autonómica, anunciada para este septiembre, no es más que el primer paso en la mencionada ventana de Overton. Por eso, a los actuales gobiernos autonómicos del PP hay que recomendarle que no “compren” ni uno sólo de los marcos mentales de ni de los nacionalistas, ni de los socialistas asimétricos. ¡Ni uno! Pues, por mucho que amen a su país no tiene sentido acabar pagando por la unidad electoral que te excluye.
