El informe de Fedea sobre los efectos de la subida del SMI en 2019 alerta sobre los peligros de continuar con políticas laborales inflexibles, como la reducción de jornada, que pueden erosionar el empleo y dañar a los sectores más frágiles de la economía.
En un momento en que el Gobierno español impulsa la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, el reciente informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ofrece una advertencia seria, las políticas laborales bien intencionadas, pero mal implementadas, pueden tener efectos contraproducentes. Según este estudio, la histórica subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del 22% en 2019, de 735,9 a 900 euros mensuales, lejos de mejorar la situación de los trabajadores más vulnerables, provocó destrucción de empleo, precarización y pérdida de oportunidades, sobre todo en las pequeñas empresas.
El impacto fue especialmente severo entre las microempresas (de 1 a 5 empleados), donde el 100% de los trabajadores se vieron afectados por la subida. Según Fedea, estas empresas, con menor capacidad para absorber el shock salarial, experimentaron una caída del 4,5% en el crecimiento del empleo durante los 12 meses posteriores. Mientras tanto, las medianas empresas optaron por reducir jornadas o transformar contratos estables en temporales y a tiempo parcial, provocando un deterioro en la calidad del empleo.
El Banco de España ya advirtió en su momento que esta subida podría haber destruido hasta 180.000 empleos. La evidencia empírica recopilada por Fedea ahora lo confirma, las políticas rígidas no solo no ayudan, sino que muchas veces terminan perjudicando a quienes dicen proteger. Mujeres, jóvenes y trabajadores con menor cualificación, fueron los más afectados por los flujos de salida forzados del mercado laboral.
La propuesta del Gobierno de reducir la jornada laboral sin mecanismos de adaptación adecuados genera legítima preocupación. Fedea ha calificado el borrador legislativo como “excesivamente intervencionista” y ha pedido un plazo de adaptación de al menos tres años, junto con fórmulas de flexibilidad, como bolsas de horas o jornadas irregulares negociadas.
El comercio, uno de los sectores más afectados, ilustra claramente los riesgos de este enfoque. Con márgenes estrechos y alta dependencia de personal, muchas pequeñas tiendas y establecimientos familiares podrían verse forzados a reducir plantilla, recortar horarios o incluso cerrar. Esta pérdida afecta no solo a los trabajadores, sino también a los consumidores, especialmente en zonas rurales o barrios y pueblos donde estos negocios cumplen un rol social esencial.
Este tipo de políticas puede tener efectos colaterales dramáticos en sectores de cuidado y atención a personas mayores supone una amenaza directa para la atención de personas dependientes, precisamente en un país con una población envejecida y crecientes necesidades sociales.
Mejorar las condiciones laborales es un objetivo justo y necesario. Pero si no se tiene en cuenta la realidad de las pequeñas empresas, los sectores más frágiles y el comercio local, una buena intención puede acabar siendo una mala política. El estudio de Fedea lo deja claro, sin flexibilidad, sin una aplicación gradual y sin ayudas reales, estas reformas pueden terminar dejando fuera a quienes más apoyo necesitan. Además, no se puede seguir legislando de forma general para todos por igual. Los cambios importantes deben acordarse dentro de los convenios colectivos, entre empresarios y trabajadores, y no imponerse por ley sin diálogo. Solo así se podrán hacer mejoras que de verdad funcionen y no generen más problemas de los que intentan resolver...
