La cuestión de las prórrogas en las concesiones de instalaciones náuticas en Baleares, bajo competencia estatal, va mucho más allá de un simple trámite administrativo. Se trata de un debate profundo que afecta al modelo productivo de las islas, la defensa de sus intereses y la sostenibilidad de un sector estratégico para el archipiélago.
La Constitución Española otorga al Estado la competencia exclusiva sobre los puertos de interés general, pero exige también que cualquier actuación esté supeditada al interés general. En el caso de Baleares, el sector náutico-deportivo es esencial para la economía local, y el hecho insular debería obligar a las administraciones a tener en cuenta estas particularidades. No debemos perder de vista la dependencia de las islas del mar y del turismo.
La gestión estatal de los puertos se ha caracterizado tradicionalmente por la autosuficiencia económica y la prioridad al canon ofertado por los licitadores. Esto ha generado una tensión peligrosa: existe el riesgo de que las instalaciones náuticas terminen en manos de operadores externos interesados únicamente en el beneficio económico, sin arraigo ni compromiso con el territorio. Las empresas locales, que han sido pioneras y han asumido riesgos, merecen estabilidad y reconocimiento, en lugar de incertidumbre o desposesión una vez vencida la concesión.
La prórroga vinculada a nuevas inversiones es el instrumento legal que puede recompensar el esfuerzo de los operadores locales y asegurar la continuidad del sector. La Autoridad Portuaria, haciendo uso de su discrecionalidad, debe fomentar la inversión a largo plazo y evitar caer en la tentación de priorizar únicamente el interés recaudatorio.
La retención y fidelización del talento de sus gestores, los que conforman este universo de colaboración publico privada, debe estar entre las líneas estratégicas de la Autoridad Portuaria de Baleares.
La ley exige que la prórroga se justifique por la capacidad del concesionario para realizar inversiones relevantes. Esto es lógico, ya que se buscan instalaciones modernas, eficientes y sostenibles. Sin embargo, también es imprescindible valorar la solvencia y el compromiso de las empresas locales, que han demostrado su capacidad de autofinanciación y de afrontar inversiones importantes. No se trata únicamente de cifras, sino de apostar por quienes creen realmente en el futuro del sector.
En Baleares coexisten regímenes concesionales estatal y autonómico, con diferencias en plazos y condiciones. Aunque las reformas legales han intentado corregir desigualdades, aún queda camino por recorrer para garantizar la igualdad ante la ley y la seguridad jurídica de los concesionarios. Las prórrogas deben otorgarse con criterios objetivos y estratégicos, evitando su concesión automática o indefinida, pero permitiendo la flexibilidad necesaria para adaptarse a la realidad insular.
En definitiva, la prórroga de las concesiones náuticas en Baleares no debe ser vista como una cuestión meramente recaudatoria o burocrática. Representa una oportunidad para defender el modelo productivo de las islas, proteger a las empresas locales y garantizar la sostenibilidad de una actividad clave para el futuro de Baleares. Es fundamental apostar por la inversión, la solvencia y el compromiso con el territorio, porque el mar es el futuro de las islas y corresponde a los propios baleares decidir cómo quieren navegarlo.
Bartomeu Bestard, presidente de Alcudiamar
