El anuncio lo realizó durante su intervención en la Cumbre Mundial de los Gobiernos en Dubai, donde defendió la necesidad de proteger a los menores de los riesgos asociados al entorno digital y al uso intensivo de estas plataformas.
Pedro Sánchez justificó la decisión asegurando que las redes sociales se han convertido en un espacio sin control suficiente, en el que los menores están expuestos a contenidos nocivos, delitos, desinformación y dinámicas adictivas para las que no están preparados. En este sentido, sostuvo que no se puede permitir que niños y adolescentes naveguen “solos” en un entorno digital que, a su juicio, carece de reglas claras y de una supervisión eficaz por parte de las grandes empresas tecnológicas.
La prohibición de acceso a menores de 16 años forma parte de un paquete más amplio de medidas con las que el Gobierno pretende reforzar la regulación de las plataformas digitales. Entre ellas figura la exigencia de responsabilidades legales a las compañías por la difusión de contenidos ilegales, así como un mayor control sobre el funcionamiento de los algoritmos que amplifican mensajes de odio, violencia o desinformación. El objetivo, según el Ejecutivo, es avanzar hacia un marco normativo más estricto que sitúe la protección de los menores en el centro de la política digital.
Desde el Gobierno se subraya que la iniciativa se alinea con decisiones adoptadas o en estudio en otros países, donde también se ha elevado la edad mínima para el uso de redes sociales o se han impuesto controles adicionales. No obstante, el anuncio ya ha abierto el debate sobre la viabilidad técnica de la verificación de edad, el impacto sobre la privacidad de los usuarios y las posibles implicaciones en derechos fundamentales.
En todo caso, el Ejecutivo defiende que la medida responde a una preocupación creciente de familias, educadores y expertos en salud mental sobre el efecto de las redes sociales en niños y adolescentes, y sostiene que la autorregulación de las plataformas ha demostrado ser insuficiente. La prohibición, concluyen desde Moncloa, busca marcar un punto de inflexión en la relación entre menores y entorno digital.
