No sabemos aún qué piensa hacer el presidente del Gobierno, tras el severo varapalo recibido por parte del Tribunal Supremo con el asunto del fiscal general. Pero, atendiendo a su trayectoria, a sus primeras declaraciones, y a cómo han enfocado este episodio tanto TVE como el resto de sus apoyos mediáticos, puede formularse una hipótesis que no resulta en absoluto descabellada: seguirá la senda del procés.
Efectivamente, la estrategia política de Pedro Sánchez ha discurrido, hasta ahora, por un patrón que recuerda al del nacionalismo pujolista: dividir a la sociedad entre afines —los buenos— y discrepantes —los malos—; construir una narrativa sustentada en una lectura sesgada del pasado y sazonada de victimismo; colonizar todas las instituciones posibles; fomentar un clientelismo intenso; convertir la televisión pública en un espacio monocolor, con retribuciones elevadísimas para los más fieles; regar a los medios de comunicación con abundantes subvenciones para generar un mensaje único con apariencia de consenso (el Oasis); y, en suma, deformar el aparato del Estado para levantar un entramado en el que solo los afines tienen cabida. Justamente por eso es razonable pensar que sintiéndose acorralado pueda reaccionar también de un modo similar.
Cuando Europa aún imponía racional disciplina fiscal, el nacionalismo catalán se vio sin margen para sostener su modelo, su corrupción consustancial afloró. El clientelismo es incompatible con la estabilidad presupuestaria. Así, sitiado, optó entonces por activar el procés, un camino que pasaba por despreciar el ordenamiento jurídico en nombre de supuestos grandes objetivos: una “democracia plena” materializada en la separación del resto de España.
Un primer paso para sortear la ley fue acusar a quienes acudían a los tribunales, en búsqueda de tutela, de “judicializar la política”. Después llegó la importación del término anglosajón lawfare, con el que se pretendía sembrar dudas sobre la imparcialidad del sistemal. Todo ello formaba parte de una estrategia destinada a erosionar las instituciones y quebrar la convivencia en aras de su propia supervivencia política y de la acumulación de poder.
Luego, por un breve tiempo, pareció que ese proyecto había sido derrotado tras la aplicación del artículo 155, y el posterior juicio —público y transparente— a sus promotores. Pero después llegó Sánchez, que no solo decidió indultar y amnistiar a sus principales dirigentes, sino que ha replicado, punto por punto, los métodos que emplearon. Con ello, el secesionismo nacionalista ha vuelto a erigirse en el actor decisivo.
Ahora, del mismo modo que el rigor europeo asfixió al nacionalismo clientelar catalán, los numerosos casos de corrupción, y la erosión de su apoyo social, están poniendo en aprietos al sanchismo. Por eso su respuesta —una campaña de descrédito contra la justicia— vuelve a seguir la misma senda del procés. Cómo entonces, las leyes son la barrera que le marcan límites. No está dispuesto a aceptarlos.
Realizó un primer intentó con la denominada Ley Bolaños. Y ahora con la condena a su fiscal tiene más motivos que nunca para reformularla y sacarla adelante. Para ellos, tal vez ofrecerá a sus socios separatistas un reparto del control de jueces y fiscales, donde la capacidad real de sus nombramientos podría recaer en los partidos regionales, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones territoriales. Ya nos han dado pistas y planteado propuestas que marcan el camino. Siete partidos nacionalistas -MES entre ellos- impulsan una ley para que los miembros de la carrera judicial, en esas comunidades, tengan que ser seleccionados exclusivamente entre quienes dominen el idioma cooficial.
Quizá sólo se pueda pensar que al sanchismo le está faltando uno de los elementos más relevantes del procés: una utopía movilizadora análoga a la independencia. Elemento que resultó imprescindible para justificar la aprobación de unas las “leyes de transición y desconexión” habilitadoras para acaparar todos los poderes del Estado. Sin embargo, ese papel lo podría desempeñar, quizás, la proclamación de una “República Federal Plurinacional”, o algo similar retorciendo el texto constitucional.
No es cuestión de caer en el pesimismo, pero todo apunta a que el procés catalán no ha concluido, sino que ha sido asumido. por Sánchez, para el conjunto de España. Esta vez el Estado no tiene a su disposición un 155. Así que, de momento, no cabe esperar nadie se fugue en un maletero.
