Ya ha arrancado el control que la Policía Local ha instalado a las puertas de la antigua cárcel de Palma. El dispositivo se desarrollará durante hoy y mañana, mientras que el viernes el equipo de gobierno prevé anunciar los siguientes pasos tras elevar el informe a la Junta de Gobierno.
CENSO PREVIO AL DESALOJO
El Consistorio ha comenzado a elaborar un censo de las personas que habitan el recinto, paso previo imprescindible para activar los procedimientos legales que permitan ejecutar el desalojo.
El regidor de Turismo, Cultura, Deportes y Coordinación Municipal, Javier Bonet, ha explicado que el objetivo inmediato es garantizar la seguridad tras los incendios registrados en los últimos días, presuntamente provocados.
"Lo único que nos preocupa es que ninguna persona de las que viven aquí pueda morir calcinada después de los hechos que tuvieron lugar este fin de semana", ha afirmado el edil ante los medios.
Bonet ha insistido en que el Ayuntamiento no quiere "que nadie muera quemado o asfixiado en un incendio" y ha destacado que la decisión responde exclusivamente a criterios de seguridad y protección de las personas.
PLAZOS LEGALES Y POSIBLE VÍA JUDICIAL
El viernes, tras la Junta de Gobierno, se celebrará una Junta de Seguridad con Guardia Civil, Policía Nacional y Delegación del Gobierno para coordinar la ejecución de las actuaciones y cumplir los plazos legales.
El edil ha recordado que, una vez notificadas, las personas censadas dispondrán de cinco días para presentar alegaciones. Posteriormente serán citadas y tendrán cuatro días para abandonar el inmueble. Si algún morador no lo hace de forma voluntaria, el Ayuntamiento trasladará el caso a la vía judicial.
“Podemos pretender dejar esto vacío mañana, pero la legalidad nos obliga a cumplir una serie de plazos”, ha señalado.
ALTERNATIVAS HABITACIONALES
El Ayuntamiento mantiene contactos con otras instituciones para evitar que los residentes queden en la calle. Bonet ha avanzado que este mismo miércoles está prevista una reunión con el Obispado de Mallorca para concretar cuántas habitaciones podrían ponerse a disposición de los afectados.
Asimismo, el Consistorio ha apelado a la colaboración de entidades como el Ejército y otras administraciones con capacidad para ofrecer recursos temporales.
“Tenemos una situación crítica que ha ido degenerando en los últimos años y necesitamos una acción conjunta para resolverlo”, ha concluido el regidor.
El operativo supone el primer paso formal para el desalojo y posterior tapiado de los accesos a la antigua cárcel. Una instalación que el Ayuntamiento considera actualmente un riesgo estructural y de seguridad.
