La Policía Nacional ha alertado del aumento de denuncias presentadas por ciudadanos extranjeros por pérdida o sustracción del pasaporte, en un contexto marcado por el anuncio del Gobierno sobre un proceso de regularización extraordinaria de migrantes.
En este sentido, el cuerpo recomienda a los funcionarios de las oficinas que tramitan estas denuncias que procedan a una “identificación plena” del denunciante, incluyendo la comprobación de su situación administrativa en España.
El aviso figura en un oficio fechado el 10 de febrero, adelantado por El Español y al que ha tenido acceso Europa Press. En el documento, la Comisaría General de Extranjería y Fronteras advierte de que este tipo de denuncias ha experimentado un incremento aproximado del 60 %.
La Policía detalla que las nacionalidades con mayor aumento porcentual de denuncias son la pakistaní (866,67 %), la argelina (356,25 %), la marroquí (114 %) y la colombiana (39 %). El documento no recoge cifras absolutas, únicamente el crecimiento porcentual.
El cuerpo policial señala que el incremento se ha detectado al comparar los datos entre el 15 de enero y el 6 de febrero de 2026 con el mismo periodo de 2025. La variación coincide con el anuncio del Gobierno —tras el acuerdo con Podemos— de regularizar la situación de al menos medio millón de extranjeros que acrediten un mínimo de cinco meses de residencia antes del 31 de diciembre de 2025 y carezcan de antecedentes penales.
“Con motivo de la publicación el pasado 22 de enero de la noticia sobre un nuevo proceso de regularización de inmigrantes (…) se ha tenido conocimiento de un aumento significativo de denuncias en las ODAC (Oficinas de Denuncias y Atención al Ciudadano) por extravío, pérdida o sustracción de documentación, principalmente pasaporte, por parte de ciudadanos extranjeros completamente indocumentados”, recoge el oficio.
El documento lleva por título: “Difusión de alerta y criterio básico de actuación policial, relacionados con el aumento de denuncias por extravío/pérdida o sustracción de documentación por parte de ciudadanos extranjeros indocumentados”.
Varios sindicatos de la Policía Nacional han mostrado su discrepancia con el proceso de regularización, que vinculan a un “cálculo político”. Según denuncian, la medida se llevará a cabo “sin medios de refuerzo y poniendo en riesgo la seguridad”.
Las organizaciones sindicales alertan además del posible “efecto llamada”, del riesgo de “fraude del pasaporte perdido” y de que la medida pueda convertirse en un “balón de oxígeno para las mafias dedicadas al tráfico y trata de seres humanos”.
La Comisaría General de Extranjería y Fronteras apunta a que, en el marco de un eventual proceso extraordinario de regularización, algunos ciudadanos podrían estar alegando la pérdida del pasaporte como forma de acreditar su presencia en territorio español dentro del periodo exigido.
Según la Policía, la identificación plena practicada en algunos casos ha permitido detectar la existencia de antecedentes penales y/o policiales en España y en otros países, así como falsificaciones mediante identidades distintas a la denunciada o resoluciones administrativas en materia de Extranjería aún en vigor.
Por ello, el cuerpo recomienda que cuando un ciudadano extranjero indocumentado acuda a una ODAC o comisaría para denunciar la pérdida o sustracción de su pasaporte o cédula de identidad, se proceda a una identificación completa y a la comprobación de su situación administrativa, sin perjuicio de recoger la denuncia correspondiente.
El pasado 27 de enero, el Consejo de Ministros autorizó la tramitación urgente de un real decreto para poner en marcha un proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras que ya se encuentran en España.
El Ejecutivo sostiene que el objetivo es ofrecer a este colectivo la oportunidad de “vivir con igualdad de derechos” y dar respuesta a “una realidad que existe en nuestras calles y tiene impacto en la convivencia, el bienestar y la economía”.
El proceso se dirige a personas extranjeras que acrediten al menos cinco meses de estancia en España antes del 31 de diciembre de 2025. También podrán acogerse quienes hayan solicitado protección internacional antes de esa fecha. En todos los casos será requisito indispensable carecer de antecedentes penales.
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