La regularización extraordinaria de personas extranjeras aprobada por el Consejo de Ministros, que en Baleares supondría otorgar permiso de trabajo y residencia a unos 10.800 extranjeros en situación irregular en España, según estimaciones de la Delegación del Gobierno, ha provocado un fuerte cruce de reacciones políticas y sociales, con el rechazo frontal de PP y Vox y el respaldo explícito de las fuerzas de izquierdas, además de entidades sociales, incluída la Iglesia Católica.
El Govern balear ha calificado la medida de “masiva e indiscriminada”. El director general de Inmigración y Cooperación, Manuel Pavón, ha advertido de que “tener papeles no garantiza la integración” y ha denunciado que la decisión se ha adoptado “sin diálogo ni coordinación con las comunidades autónomas”, trasladando la presión “administrativa, económica y social” a los territorios .
La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha alertado del “efecto llamada” y ha insistido en que Baleares “ya está al límite”, especialmente en vivienda, sanidad y educación. “La inmigración debe ser legal, ordenada y sostenible, no una regularización por decreto”, ha señalado.
Frente a esta posición, el PSIB-PSOE ha defendido la regularización de cerca de 500.000 personas migrantes. La diputada socialista Pilar Costa ha preguntado a Prohens si prefiere que estas personas “sigan sin derechos, explotadas laboralmente o en la economía sumergida”. Ha negado el efecto llamada y ha acusado al PP de “cambiar de posición por competir con Vox”.
Aunque no ha habido un posicionamiento específico por parte de Vox Baleares, la dirección nacional se manifestó radicalmente contraria a la medida aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. El presidente de Vox en Baleares y presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, criticó la iniciativa en la red social X.
En la misma línea, Més per Mallorca ha respaldado una medida que considera “necesaria, justa e imprescindible”. “Ninguna persona es ilegal”, sostiene la formación. El diputado de Sumar Més en el Congreso, Vicenç Vidal, afirma que la regularización “normaliza lo que ya existe” y combate “la explotación y la precariedad”, recordando que “la irregularidad alimenta la economía sumergida”.
Podemos, formación impulsora de la medida y que tras meses de negociación, logró un acuerdo con el Gobierno de PSOE y Sumar, ha elevado el tono. Su coordinadora autonómica, Lucía Muñoz, ha acusado a Prohens de actuar desde un “prejuicio racista”. “Decir ‘aquí no cabe todo el mundo’ mientras Baleares recibe más de 20 millones de turistas al año es profundamente revelador”, ha afirmado. “Si molesta más un trabajador migrante que el turismo masivo, el problema no es la capacidad del territorio, es el racismo”.
Desde una posición crítica, Coalición por Mallorca ha rechazado la regularización y ha alertado de un “colapso social”. Su portavoz, Joan Serra, considera que la medida es “improvisada e injusta” y que agravará la crisis de vivienda y la saturación de los servicios públicos. “Se confunde humanidad con improvisación”, advierte la formación.
En el ámbito social, la Conferencia Episcopal Española ha aplaudido la iniciativa. El obispo Fernando García Cariñanos ha celebrado “el inicio de un proceso de regularización extraordinaria” que “pone luz y esperanza a miles de personas en situación de vulnerabilidad”. A su juicio, se trata de “un acto de justicia social” que debe facilitar “una integración real en la sociedad”.
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