Tapiado de la antigua cárcel. | Autor: Ajuntament de Palma.
El desalojo, ejecutado el miércoles, se desarrolló de forma ordenada y coordinada entre la Policía Local de Palma y la Policía Nacional. Durante la operación fueron notificadas 78 personas y, en estos momentos, el recinto ya ha quedado completamente desalojado, después de que sus ocupantes abandonaran el lugar y recogieran sus pertenencias.
El jueves arrancaron las tareas previas al blindaje: limpieza del perímetro, pintado íntegro de la fachada del muro, poda del parque colindante y acondicionamiento del entorno. Un trabajo que el consistorio describe como necesario para devolver el espacio a la normalidad vecinal antes de cerrarlo físicamente.
Las labores de este viernes corresponden al área de Infraestructuras y se centran en sellar los accesos al edificio. Los trabajos se prolongarán durante los próximos días con un objetivo explícito: impedir nuevas ocupaciones.
A esa barrera física se sumará en las próximas semanas un sistema de videovigilancia que reforzará el control del recinto. La Policía Local mantendrá, además, vigilancia activa en la zona para evitar reentradas mientras se completa la instalación de las cámaras.
Este viernes dejan de estar operativos los módulos temporales habilitados en el Parque Central de Bomberos, instalados con carácter excepcional durante las dos noches posteriores al desalojo para quienes no contaban con alternativa habitacional inmediata. La última noche los utilizaron 11 personas.
El recurso era provisional desde el primer momento —pensado como puente, no como solución— y se desmonta una vez activadas las derivaciones a entidades del tercer sector.
Los servicios sociales municipales han mantenido atención individualizada desde el inicio del proceso. Durante el desalojo estuvieron presentes, junto al personal del Ajuntament, Cáritas y la Fundació La Sapiència.
Por un lado, once personas se encuentran en centros de acogida vinculados al Obispado, gestionados por La Sapiència y Cáritas. Cinco ya se han incorporado a programas de formación.
Por otra parte, un total de 45 personas han sido derivadas a los programas de inserción social y laboral del IMAS, resultado del trabajo coordinado de los últimos meses entre administraciones y entidades.
El acompañamiento no se cierra con el desalojo: las entidades colaboradoras del Obispado seguirán ofreciendo seguimiento y alternativas a quienes acepten acogerse a los recursos disponibles.
El proceso de recuperación arrancó a partir de informes de la Policía Local, del Servicio contra Incendios y Salvamento y de los servicios sanitarios. Todos coincidían en el diagnóstico: elevado riesgo de incendio, deficientes condiciones de habitabilidad y serias dificultades de evacuación.
Esos informes sostienen el auto del 29 de mayo y, según el consistorio, justifican la urgencia de una intervención que llevaba años pendiente. La ocupación se prolongaba desde hacía más de una década y había generado problemas de convivencia con los vecinos del entorno y con la comunidad educativa del centro escolar próximo.
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