Cuando las leyes se venden al mejor postor, el interés general queda sustituido automáticamente por los intereses particulares. Cuando el poder se desvía -de hecho se debe hablar, en rigor, de “desviación de poder”- y se produce un nuevo escándalo, el enésimo, que sacude los cimientos de la confianza institucional, debemos preguntarnos en manos de quién estamos. Y que conste que este autor nunca habla ni de unos ni de otros, de nadie en realidad, sino de prácticas corruptas que, visto lo visto, acaban abrazando casi todos.
El “tráfico de leyes”, de cualquier norma en realidad, es una de las técnicas de corrupción más sofisticadas y dañinas de nuestra historia democrática reciente. El caso Montoro, que involucra al exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y a 27 personas más, ha destapado lo que puede considerarse como una privatización encubierta del poder legislativo: leyes a la carta a cambio de millones de euros, cómo no.
No verán esta expresión en el Código Penal. Los delitos que se atribuyen a las personas implicadas incluyen cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental. Es decir, que las conductas se han reconducido a los tipos existentes.
¿Por qué ahora, si este señor hace mucho que no “manda”? Porque parece que han sido necesarios siete largos años de investigación bajo secreto de sumario, hasta que finalmente el juez Rubén Rus, del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, ha levantado el velo sobre una trama que convirtió el Ministerio de Hacienda en una máquina de hacer dinero para intereses privados. Las cifras son demoledoras: 47,9 millones de euros en comisiones presuntamente obtenidas de forma ilícita entre 2008 y 2017, canalizados a través de 230 cuentas bancarias repartidas en 12 países.
A continuación explicaremos la mecánica de la corrupción. ¿Cómo funciona una Ley "Premium"? El esquema en este caso era de una simplicidad escalofriante: las empresas redactaban sus propias leyes y compraban su posterior aprobación a precio de mercado. El despacho Equipo Económico, fundado por Montoro en 2008, actuaba como intermediario entre el sector privado y el poder público, ofreciendo un servicio "premium" que no verá en ningún hotel ni restaurante: reformas legislativas a la carta.
Un correo electrónico incautado por la justicia resume con brutal claridad la operativa: "La vía más directa para conseguir cambios es pagar a este Equipo Económico". Otro mensaje evidencia cómo se organizaban reuniones entre clientes del despacho y altos cargos ministeriales: "Haced hueco pronto", solicitaba un socio para que el secretario de Estado recibiera a representantes del sector fotovoltaico.
La investigación revela que Montoro diseñó un Ministerio a su medida, colocando en puestos clave a personas "estrechamente vinculadas" a su despacho para garantizar que las leyes se redactasen "a demanda" de las empresas que pagaban por ello. Los clientes de este insólito servicio, a la postre beneficiarios de esta peculiar tienda de leyes, conforman un catálogo representativo del poder económico español. Las empresas gasísticas (Air Liquide, Abello, Messer, Praxair, Carburos Metálicos) lograron dos rebajas fiscales significativas en 2013 y 2018, ahorrándose más de 10 millones de euros en el Impuesto sobre Actividades Económicas.
Pero la operación iba mucho más allá del sector del gas. Abengoa, la emblemática empresa sevillana, pagó casi 4 millones de euros a Equipo Económico entre 2009 y 2015, coincidiendo con reformas energéticas que la beneficiaron extraordinariamente. Los Mossos d'Esquadra han documentado cómo Montoro consiguió que el Gobierno diese "un tratamiento más suave del inicialmente previsto" al sector de las renovables, lo que supuso un inesperado "regalo" de 2.200 millones de euros para el sector. Así cualquiera prospera. El tentáculo también se extendía a Ferrovial y la controvertida Madrid Network, configurando una red de corrupción que abarcaba múltiples sectores estratégicos de la economía española.
Hasta aquí la parte fácil. Bastante más complejo era el entramado financiero de sociedades pantalla y paraísos fiscales que administraban el dinero. En efecto, para ocultar el origen y destino de los fondos, la organización creó un laberinto financiero de extraordinaria complejidad. Los investigadores han identificado 16 sociedades instrumentales que "carecen de medios personales o materiales, sede conocida y ni siquiera gastos de material de oficina".
Estas empresas pantalla, con nombres como Econodos, Tutman Fiscalía o White Light, fueron utilizadas para "desviar fondos de la presunta actividad delictiva" hacia países de fiscalidad laxa como Luxemburgo e Irlanda. La sofisticación del esquema era tal que Ricardo Martínez Rico, exsecretario de Estado y mano derecha de Montoro, llegó a tumbar en los tribunales seis sanciones tributarias impuestas por la propia Hacienda que dirigía su jefe, aprovechando las "irregularidades" cometidas por el propio ministerio en las inspecciones. Qué país.
Pero no se vayan todavía, aún hay más. De hecho, más allá del dinero se libraba una guerra sucia contra algunas personas “estratégicas” y un uso absolutamente político de Hacienda. La investigación ha destapado también este asunto, quizá aún más inquietante: el uso político de la maquinaria tributaria.
Los correos incautados revelan cómo el Ministerio de Hacienda intercedió a favor del Partido Popular en el caso de los 'papeles de Bárcenas' y organizó ataques fiscales contra adversarios políticos como Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos. El entonces ministro recibía información fiscal confidencial sobre inspecciones a figuras públicas como Rafael Nadal, Esperanza Aguirre o Tita Cervera, convirtiéndose en una especie de "Gran Hermano tributario" que monitorizaba a ciudadanos y adversarios políticos.
En cuanto a la investigación judicial, me muevo entre el aplauso y la crítica, quizá decantándome por esta última, porque es un hecho que la respuesta es tardía. Que esta investigación haya permanecido siete años en secreto plantea interrogantes sobre la capacidad del sistema judicial para abordar casos de esta envergadura. Como señaló el propio Equipo Económico en un comunicado, han vivido en "indefensión" durante todo este tiempo, "algo absolutamente anómalo". Algunas caras no pueden ser más duras.
Pero la tardanza judicial contrasta con la velocidad de la respuesta política: Montoro se dio de baja del PP apenas 24 horas después de conocerse su imputación, mientras el partido se esforzaba por encapsular el escándalo en el pasado. La reacción del vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, resulta especialmente reveladora: "Aquí no hay mordidas o prostitutas", como si la gravedad de la corrupción se midiera por su espectacularidad y no por su impacto sistémico.
En opinión de quien suscribe, este asunto es de una gravedad extrema y seguramente ocasiona un daño irreparable a la democracia. El caso Montoro trasciende la corrupción individual para convertirse en una crisis del Estado de Derecho. Cuando las leyes se elaboran para quien puede pagarlas, se quiebra el principio/derecho fundamental de igualdad, así como el mencionado principio de que la norma jurídica debe servir al interés general, no a intereses particulares.
La sofisticación de esta modalidad de corrupción la hace especialmente perniciosa. No hablamos de políticos o funcionarios que cobran sobres en despachos oscuros ni personajes de la película Torrente que existen en la vida real, por poner dos ejemplos conocidos que desde luego son deplorables, sino de la perversión sistemática del proceso legislativo, convertido en un mercado donde las grandes corporaciones podían comprar ventajas competitivas a precio de oro.
Pero la reflexión final debe ser en positivo. Estamos recibiendo demasiadas lecciones de futuro como para ignorarlas. En concreto, este escándalo debe servir como catalizador para reformas profundas. España necesita urgentemente una regulación específica para evitar este “tráfico de leyes”, transparencia real en el proceso legislativo, y mecanismos de control que impidan que los ministerios se conviertan en instrumentos para el enriquecimiento personal. La democracia se sustenta en la confianza ciudadana de que las instituciones sirven al bien común. Y aquí es cuando revelo que la ley dice que la Administración se rige por el principio de confianza legítima.
El caso Montoro ha herido de muerte esa confianza. Restaurarla exigirá no solo que se haga justicia con las personas responsables, sino que se implementen cambios estructurales que impidan la repetición de estos episodios. Y es que al final, lo que está en juego no son solo 47 millones de euros desviados, sino la credibilidad misma del sistema democrático español, porque los ciudadanos no confiamos en las instituciones, y me incluyo. Y esa confianza legítima, a diferencia de las leyes que se vendieron al mejor postor, no tiene precio.
Víctor Almonacid Lamelas. Secretario de la Administración Local.
