Con la aceptación de una cuarta parte de la militancia comunista, las bases de Izquierda Unida han refrendado su alianza electoral con Podemos. Esta carta blanca otorgada al equipo de Alberto Garzón no es solo una apuesta por un proyecto de izquierdas nacido para gobernar, sino también el respirador artificial de una formación en quiebra.
Poco nos equivocamos quienes aventuramos la difícil travesía del desierto que emprendía Pedro Sánchez, si confiaba en que Mariano Rajoy o Pablo Iglesias iban a entrar al trapo de un noviazgo forzado con Albert Rivera. En la política de nuevo cuño también prima el beneficio partidista y, si unos pretendían evitar una reválida en las urnas, otros confiaban en que los resultados del 20D podían mejorarse, con la aplicación de una hoja de ruta correcta, porque sigue siendo esencial la estrategia y el tactismo para poder ocupar el Palacio de la Moncloa.
Redibujar el arco parlamentario a estas alturas se antoja difícil, con el efecto impredecible que resulte del voto útil y el mayor abstencionismo que auguran las encuestas, además del reparto de los restos por cada circunscripción, aunque el nuevo marco podría afectar especialmente a los parlamentarios de la calle Génova, no sólo al caladero donde quieren pescar los herederos del movimiento que cumple cinco años el domingo que viene. Lo que sí parece factible es la bipolarización del voto, olvidando ya ficticios centralismos o una verticalidad que se antoja tan inverosímil como la camaleónica mutación de la formación morada. Tampoco se duda de que en esta ocasión, aun votando en clave nacional, tendrá repercusión sobre algunas Comunidades, en las que las alianzas coyunturales como las de Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana o Baleares pueden resultar debilitadas por las posiciones que adopte cada grupo y con quiénes se forme o rechace un acuerdo de gobierno.
El Govern no será ajeno a este nuevo escenario, lo diga Agamenón o su porquero, aunque no hará peligrar la componenda que sostiene a Francina Armengol, porque nada une más que un enemigo común, pero puede reorientar las prioridades y objetivos que se dicten desde el Consolat el resto de la legislatura, incluso producir el primer anticipo electoral en nuestra Autonomía.
Si el más que factible matrimonio de conveniencia entre Podemos, Unidad Popular y MÉS puede arrebatarle un diputado a los socialistas, en la aplicación de la Ley D’Hondt y sin que necesariamente pierda respaldo, también podría suponer que Catalina Soler y Juana Francisca Pons no vuelvan a sentarse en la calle Bailén de Madrid, porque el PP solo mantenga dos senadores, al margen del autonómico, al lograr Podemos la mayoría de representación insular en la Cámara Alta. Este escenario no solo crearía un nuevo marco de convivencia insular, sino que puede poner en peligro la mayoría Popular en el Senado, a poco que extrapolemos el resultante de la nueva suma, sin la que no podrían frenar una reforma constitucional que les dejara al margen.
El destino en Baleares de las casi 13.000 papeletas del PI, las asinergias entre formaciones competidoras -porque la suma entre distintos no es ciencia exacta y porque los protagonismos provocan luchas internas-, la merma en la participación y la valoración de las maniobras postelectorales que nos han tenido en ascuas, al margen del pragmatismo al que invocarán algunos portavoces, van a provocar una evolución errática de los sondeos en el mes y medio de campaña y de los que no podremos concluir una aproximación del resultado para la noche electoral del 26J, que será larga pero no definitiva, ni aquí ni en el conjunto de España.
