Huelga indefinida

El PSOE atiza el conflicto de las educadoras infantiles que causó... el socialista Hila

Seguimiento total de las educadoras a la huelga de las ‘escoletes’ y desafío a los servicios mínimos

Las educadoras de escoletas municipales de gestión externalizada de Palma están en huelga indefinida desde el 28 de abril por la diferencia salarial con sus compañeras de los centros de gestión directa municipal. Se trata de un conflicto colectivo atizado por el PSOE, a través de los sindicatos UGT y CCOO, cuyos representantes son militantes socialistas.

Las educadoras de las escoletas municipales de gestión externalizada en Palma mantienen una huelga indefinida desde el 28 de abril, en protesta por la significativa diferencia salarial respecto a sus compañeras de centros gestionados directamente por el Ayuntamiento. A pesar de desempeñar las mismas funciones y contar con la misma formación, las 130 trabajadoras de los centros externalizados, gestionados por la empresa Estudi 6, perciben entre 600 y 700 euros menos al mes.

La razón de tal diferencia salarial, según ha podido saber El Infiltrado, radica en que, en el año 2016, siendo alcalde de Palma José Hila con un gobierno municipal de coalición de PSOE, Més per Palma y Unidas Podemos, se adjudicó el contrato de gestión de las ocho escoletas externalizadas a la empresa Estudi 6 Gestió Socioeducativa SL. Tal adjudicación se hizo de acuerdo a las retribuciones contempladas en el XII Convenio estatal de centros de asistencia y educación infantil, firmado por UGT, FSIE y USO.

En 2022, finalizado aquel contrato, Cort volvió a licitar la gestión de las escoletas externalizadas por cuatro años con posibilidad de prórroga por dos años más. Las condiciones económicas para las cuidadoras, contempladas en ese segundo contrato firmado por PSOE, Més per Palma y Unidas Podemos con Estudi 6, fueron idénticas al contrato anterior.

MARIONETAS DEL PSOE

Sin embargo, es ahora cuando los sindicatos UGT y CCOO, junto exigen un aumento salarial que equipare a las trabajadoras de Estudi 6 con las empleadas públicas de las tres escoletas gestionadas directamente por el Ayuntamiento.

No es casualidad que la representante de CCOO, Pepa Ramis, fue en 2007 consellera de Deportes, Juventud e Igualdad del Consell de Mallorca, presidenta del IMAS y regidora del PSOE en el Ayuntamiento de Binissalem. Y Tino Davia, asesor jurídico y responsable de Educación de UGT, sea concejal del PSOE de Santanyí.

La piña entre UGT, CCOO y PSOE es total para desgastar al alcalde Jaime Martínez con este conflicto laboral que ellos mismos causaron y que ahora exigen que el PP solucione. Una trampa en toda regla.

CONTRATO EN VIGOR

El contrato en vigor, firmado por los partidos que ahora exigen mejorar las retribuciones de las cuidadoras, impide que Cort pueda desembolsar más dinero público al margen del establecido en aquel contrato que es la fuente de todo el problema, junto al convenio estatal del sector, que fue renovado el 5 de marzo.

Diversas fuentes confirman a El Infiltrado que por más que los sindicatos exijan a Cort solucionar el conflicto, todo pasa por la firma de un convenio autonómico con mejores retribuciones que el convenio estatal y una nueva licitación del servicio de acuerdo a ese convenio.

Pero resulta incomprensible que los directos responsables de los bajos salarios de las educadoras infantiles externalizadas, sean ahora los que dicen apoyarlas en su lucha contra el gobierno municipal del alcalde Martínez.

HUELGA INÚTIL

El alcalde ha calificado la huelga de "irresponsabilidad", argumentando que su voluntad política de mejora fue respondida con una protesta que perjudica a las familias. Martínez ha reiterado su intención de lograr la equiparación salarial de todas las educadoras públicas y de impulsar un convenio autonómico para permitir mejoras.

En la tarde de este miércoles tuvo lugar una nueva concentración de unas 30 educadoras externalizadas en la Plaza de Cort. La representante de CCOO, Pepa Ramis, ha exigido al equipo de gobierno municipal que, o bien modifique el contrato de licitación para incluir un aumento salarial, o redacte uno nuevo.

Sin embargo, fuentes municipales confirman a El Infiltrado la imposibilidad legal de rescindir un contrato sin causa justificada. Y, además, sin el respaldo de un convenio colectivo autonómico que fije las retribuciones, cualquier empresa podría presentarse a una eventual nueva licitación y hacerse con la contrata, sin incrementar los salarios de las educadoras.

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