El caso de Esther González, que ayer desveló mallorcadiario.info, es de esos que indigna absolutamente y que deja impotente a cualquiera con un mínimo de sensibilidad. Una joven madre cordobesa que tuvo que marcharse de su tierra huyendo de los malos tratos a los que la sometía su expareja y padre de su hijo que la agredía, según su relato, incluso estando embarazada. Pues pese a eso se ve obligada a llevar a su hija con su padre para cumplir con un régimen de visitas que por sí mismo ya supone otro maltrato hacia la madre, quien teme que el progenitor le haga daño al menor con el fin último de causarle sufrimientos a su expareja.
El episodio perfectamente documentado acaecido en el Punto de Encuentro Familiar de Palma, donde el padre gritó y amenazó a su expareja, ya debiera llevar aparejada una suspensión de régimen de visitas. Eso es lo que dicta el sentido común, pues si se ha ordenado una orden de alejamiento, carece de toda lógica -e incluso es imprudente- que la víctima sea obligada a entregar a su hijo al padre sobre el que pesan indicios de la comisión de un delito.
El asunto de la violencia de género es uno de esos que debiera ser objeto de un gran pacto de Estado. Someter a revisión profunda e integral la legislación existente y dotar los medios adecuados para combatir esta lacra. Ya no son suficientes los minutos de silencio cada vez que hay una víctima. Hay que actuar con contundencia y acabar con el sufrimiento de tantas mujeres a las que se obliga, sin atender al interés especial y prioritario del menor, a cumplir con un régimen de visitas que obvia el comportamiento de padres que no aceptan tratar a sus ex parejas con respeto. Han de acabarse los comunicados de condena y las declaraciones ampulosas. Todo eso ya no basta. Hay que proteger a las víctimas y muy especialmente a los menores.
