El anuncio hecho por la consellera de Servicios Sociales y Cooperación, Fina Santiago, relativo a la implementación por Ley de una renta social garantizada de un mínimo de 426 euros para familias sin ingresos, se deriva directamente del pacto de gobierno entre PSIB, Més y Podem, las tres formaciones políticas que dan apoyo al Ejecutivo de Francina Armengol. Pero no es algo caprichoso ni electoralista, sino que es una medida para paliar la situación de emergencia social que denuncian entidades como Cáritas Mallorca, la Xarxa per a la Inclusió Social EAPN, Creu Roja, ProSocial y en general las entidades del tercer sector que trabajan para los más desfavorecidos.
Claro está que no se trata de una solución definitiva a la dramática situación por la que atraviesan muchas familias, colocadas en una situación de vulnerabilidad extrema que a menudo pagan especialmente los hijos menores y que se ha traducido en el aumento de la pobreza infantil. Pero está claro que es una medida paliativa que hará menos crítica la situación. Sin embargo, la Administración debe velar porque el dinero público llegue a quienes realmente lo necesitan y también que no se extienda la cultura del subsidio, tan pernicioso como la caridad mal entendida.
