"No estamos preparados para este aluvión de pateras"

Hasta mediados de 2019 la inmigración ilegal en Baleares era un asunto residual. El archipiélago recibía contadas embarcaciones en contadas ocasiones y la gestión de estas personas, en términos policiales, "era asumible".

Sin embargo, durante el verano del año pasado el fenómeno mutó y comenzaron a llover pateras de manera simultánea provenientes de Argelia: en un solo día se registraron hasta siete barcas en distintos puntos de Mallorca, Ibiza y Formentera.

Las instituciones se resguardaron entonces bajo el mantra "Baleares es tierra de paso" y "las devoluciones son efectivas", aunque los desembarcos nunca aflojaron y de hecho, se dio el caso de un mismo joven retornado a su país que fue interceptado semanas después en otra patera.

Meses más tarde, el estallido de la pandemia del coronavirus provocó un cambio total de escenario y el asunto pasó a un discreto segundo plano. Así, durante los meses más duros de la crisis sanitaria no se registraron arribadas ilegales y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad no tuvieron que detener ni tramitar traslados a la Península.

La nueva normalidad, en cambio, significó la vuelta a la vieja normalidad de la inmigración ilegal y el archipiélago ha asistido desde entonces a una nueva fase de entrada masiva de pateras que ha culminado con los dos centenares de migrantes llegados este martes. Un episodio "histórico", en palabras de la delegada del Gobierno Aina Calvo, que ha puesto de relieve la realidad del archipiélago como ruta consolidada de entrada ilegal a Europa.

Ante ello, los efectivos policiales piden a las instituciones hechos, "no palabras".

Aluvión de pateras en un día

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Por un lado, los representantes del SUP, CEP y SPP urgen a la realización de PCR a todos aquellos agentes que intervengan en los operativos. El protocolo sanitario sólo prevé pruebas para los policías que sean contacto estrecho de algún positivo y los sindicatos defienden que deberían hacérsela a todos los compañeros que interactúan con los detenidos. "Si argumentan que es por prevención, no se entiende que se la hagan a ellos y no a nuestros compañeros que han podido contagiarse durante el servicio", afirma Manuel Pavón, del SUP.

Asimismo, critican la falta de recursos humanos para asumir la labor. "Nunca habíamos asistido a una llegada tan masiva e intensa como esta y es evidente que la tendencia ha cambiado. No estamos preparados para ello", alerta David Pola, del CEP.

La tercera carencia es la falta de infraestructuras para realizar el correcto aislamiento de estas personas desde su desembarco hasta los resultados de la PCR. "Pedimos que se habilite un punto fijo en el que puedan esperar mientras se determina si es positivo o negativo y sólo en caso de no estar contagiados, empezar a trabajar con ellos en comisarías, calabozos, coches, etc."

Cabe recordar que si alguno de los inmigrantes tiene coronavirus queda automáticamente aislado en dependencias sanitarias en función de su gravedad, mientras que el resto son trasladados a la península donde quedan a cargo de organizaciones no gubernamentales debido al cierre de los centros de internamiento de inmigrantes (CIE) por la pandemia. Para muchos, un auténtico coladero.

Por todo ello, Chema Manso, del SPP, pide a los dirigentes políticos que extremen la responsabilidad y eviten cualquier declaración que pueda generar 'efecto llamada'. "No es de recibo que por un lado estemos persiguiendo una actividad ilegal y por otro, se incite a venir. Es una temeridad".

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CALVO: "CIFRAS HISTÓRICAS" QUE HABRÁ QUE VER SI SE MANTIENEN

Y mientras los sindicatos exigen soluciones, la delegada del Gobierno, Aina Calvo, destaca los "medios extraordinarios" que se han puesto en marcha ante "estas cifras históricas", en referencia a la autorización por parte del Ministerio del Interior del pago de horas extra a los funcionarios policiales que "obviamente tienen que trabajar más".

Calvo ha reconocido "el compromiso, profesionalidad y trato exquisito" de los agentes que actúan en estos casos pero no ha concretado cambios ni mejoras en los dispositivos de acogida "en caso de que estas cifras se mantengan".

En cualquier caso, la representante del Gobierno en Baleares ha vuelto al mantra de siempre -"no somos punto de llegada sino de tránsito"- y ha urgido a tramitar su devolución a la Península "como recoge la ley".