La reciente decisión del Govern de les Illes Balears de bloquear la urbanización prevista en Pla de na Tesa, en el municipio de Marratxí, marca un precedente relevante en la política urbanística del municipio. El proyecto, que contemplaba la construcción de 85 viviendas, ha sido archivado al no acreditar garantías suficientes en aspectos clave como la disponibilidad de recursos hídricos y la capacidad de las infraestructuras de saneamiento y depuración. Más allá del caso concreto, la decisión pone sobre la mesa un principio fundamental, no se puede autorizar crecimiento urbanístico cuando no existen certezas técnicas sobre su viabilidad ambiental ni sobre la seguridad de las personas.
Resulta razonable esperar que este mismo criterio se aplique de manera coherente y homogénea a otros proyectos de gran impacto territorial. La ampliación del complejo comercial de Alcampo debería ser analizada con idéntico rigor. Si dicha ampliación se encuentra, como se ha señalado, en una zona catalogada como inundable, la exigencia de informes técnicos exhaustivos y la negativa a autorizar el proyecto en ausencia de garantías deberían ser la consecuencia natural de la doctrina aplicada en Pla de na Tesa.
Autorizar una gran ampliación comercial en una zona con riesgo de inundación mientras se bloquea un desarrollo residencial por falta de garantías hídricas supondría un doble rasero difícil de justificar ante la ciudadanía. Los riesgos asociados a las zonas inundables no son teóricos, afectan a la seguridad de las personas, a la continuidad de la actividad económica y a la responsabilidad patrimonial de las administraciones que conceden las licencias.
La decisión adoptada en Pla de na Tesa envía un mensaje claro, el crecimiento no puede ir por delante de la planificación ni de la realidad física del territorio. Si ese mensaje es sincero y responde a criterios técnicos, y no coyunturales, debe extenderse a todos los proyectos, sean residenciales o comerciales. Solo así se garantiza una política urbanística creíble, basada en la prevención de riesgos, la sostenibilidad de los recursos y la igualdad de trato.
Si los motivos son la falta de agua, la insuficiencia de infraestructuras y el riesgo ambiental, esos mismos motivos deben servir para denegar cualquier otra autorización que se encuentre en situaciones equivalentes, incluida la ampliación de grandes superficies en zonas inundables. La coherencia, en urbanismo, no es solo una virtud política, es una obligación con el territorio y con quienes lo habitan.
