Los imputados por la trama de los envíos postales han defendido su inocencia. Una acusada ha reconocido que, acuciada por una precaria situación económica, aceptó ser receptora de dos paquetes por dinero, pero que no sabía que contenían droga. Pensaba que el pago era a cambio de la gestión de ir a recogerlo para otra persona. "Como estoy en el paro y tengo tres hijos, dije que sí", ha explicado. Al final no le pagaron nada. La mujer ha señalado que fue otro de los investigados quien la invitó a participar.
Ese otro investigado ha declarado que sufre una drogadicción, pero ha rechazado cualquier relación con envíos de estupefacientes por correo.
Otro imputado por los envíos postales ha negado también su implicación, asegurando que un día la Policía le detuvo y él "no sabía por qué". Registraron su coche y su vivienda pero no encontraron nada. Un cuarto ha explicado que se dedicaba a la compraventa de coches y que por ello sus datos personales constaban en una web de anuncios. Además ha negado conocer al resto de implicados.
Del mismo modo, otro acusado por la droga en envíos postales ha declarado que "un chico cubano" de Inca le pidió en dos ocasiones recoger un paquete utilizando sus datos personales "porque él no tenía papeles". Supuestamente eran unas piezas de una moto. "Le di mis datos y una fotocopia del DNI. Me dio 40 euros para gasolina y una cerveza", ha explicado este hombre.
En su caso, uno de los envíos figura con una dirección de Madrid, donde según ha dicho, "nunca" ha estado: "Hace 15 años que no salgo de la isla". Además, el teléfono que aparece en el remitente tampoco es suyo, ha sostenido.
COMPRA A UNA ESTRUCTURA FAMILIAR
Por último, según la Fiscalía, paralelamente J.E.F.S también compraba cocaína a otros dos acusados, padre e hijo, quienes también se dedicaban al tráfico de droga tanto en venta directa como en escalones intermedios.
En este grupo el fiscal incluye a la pareja del hijo, a la que acusa de realizar labores de contacto con los compradores y tareas logísticas; y a la madre y a su nueva pareja, por supuestamente custodiar la sustancia en un domicilio de Palma. "Una estructura familiar cerrada y bien organizada, que permitía reducir el riesgo inherente a la actividad desarrollada", concluye la Fiscalía.
Todos ellos, salvo uno, lo han negado. El padre ha achacado a visitas a sus hijos los desplazamientos al domicilio que supuestamente sería el almacén de droga; además, ha afirmado que de ninguna manera mantendría amistad con su ex y su nueva pareja después de que ella le fuera infiel con él. Mientras, la madre ha mantenido que el dinero en efectivo y la droga que se encontraron en un armario en su domicilio eran de su entonces pareja, y que ella no sabía que estaban ahí.
Mientras, el que era entonces su pareja ha corroborado su versión, reconociendo que trapicheaba con droga pero asegurando que ninguno de los familiares sabía nada de ello. También ha ratificado que "nunca" ha sido "amigo" del ex de la mujer, con quien la Fiscalía le acusa de colaborar.
EL PRINCIPAL ACUSADO
Por su parte, el principal investigado, J.E.F.S., ha dicho no tener "nada que ver" con todas estas supuestas conexiones de narcotráfico.
En un breve interrogatorio a preguntas de su abogado, ha negado que lanzara un bulto por la ventana cuando la Policía registraba su domicilio. En cuanto al contenido de conversaciones con su pareja en las que, para la Policía, quedaría patente el narcotráfico, ha dicho que se trata de exageraciones en un contexto de una discusión con su pareja porque le había pillado con otra mujer. Así, ha afirmado que eran conversaciones "muy dantescas" y no literales.
También ha reconocido ser consumidor, "por desgracia", de marihuana, cocaína "y de vez en cuando psicotrópicos". Ha declarado que ha intentado dejar de consumir pero no ha sido capaz, y que ha pedido ayuda en la cárcel pero no se la han prestado. En 2019 le retiraron el carnet por conducir bajo los efectos del cannabis, ha apuntado.
Dos de los acusados tienen antecedentes previos por tráfico de drogas. Para algunos de los procesados la fiscalía pide multas que individualmente superan los 3,3 millones de euros.
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