Cuando se habla de financiación autonómica únicamente se pone el foco en los ingresos. Nunca nadie hace referencia a la forma de gestionarlos. Y, sin embargo, la buena administración resulta crucial para el correcto funcionamiento de los esenciales servicios públicos que proveen los gobiernos regionales.
De esta forma, durante un tiempo, la prensa subvencionada, o seducida, por el nacionalismo reclamó de forma machacona la elaboración de las balanzas fiscales. Los políticos beneficiarios se mostraban encantados. Pero, por supuesto, nunca nadie se preocupó de la forma en que se gastan esos ingentes recursos públicos.
Desde hace más de una década y media, la cuenta presupuestaria dedicada a “transferencias a las comunidades autónomas” es la segunda más abultada, tras la correspondiente a las pensiones. Por ello, los más ingenuos esperábamos que los periodistas de raza y los políticos más honestos pondrían mayor énfasis en intentar analizar cómo se gasta nuestro dinero.
En este sentido, elaborar un ranking por comunidades autónomas y entes locales de observatorios, agencias, institutos, consorcios, fundaciones públicas, autoridades independientes, oficinas, comisionados, etc., detallando la hipotética utilidad de cada uno de ellos, tal vez podría constituir un primer indicador que desincentive el rampante clientelismo.
Es cierto que muchos de esos entes se crean para sortear las restricciones legales impuestas a las Administraciones Públicas en materia de contratación y personal, pero precisamente por eso deberían estar mucho más sometidas al foco mediático.
Alejandro Fernández, como líder del PP en Cataluña, está realizando la tediosa y paciente labor de listar todos los entes existentes en su comunidad, a los que va añadiendo todos los que está creando el gobierno del president Illa. Así, resulta impresionante visionar sus intervenciones parlamentarias en las que se pone a leer, uno por uno, todos los entes existentes, –y los de nueva creación–, consumiendo de esta forma los minutos que tiene asignados. La lista parece interminable, está disponible en youtube.
Pero más allá de la anécdota parlamentaria, lo relevante es la cuestión de fondo. El sector público institucional que incluye agencias, entidades públicas empresariales, consorcios, fundaciones y todo tipo de organismos con personalidad jurídica propia que orbitan alrededor de las consejerías. No son ilegales ni necesariamente inútiles, aunque muy frecuentemente sirven básicamente para devolver favores políticos, construir relatos o comprar voluntades. El problema no es su mera existencia, sino la velocidad de su proliferación sin una evaluación sistemática.
Hoy sabemos con bastante precisión cuánto ingresa cada comunidad y cuánto déficit genera. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal vigila la sostenibilidad financiera, el cumplimiento de las reglas fiscales y la trayectoria de deuda. Pero su mandato se centra en las magnitudes contables. Observa las cuentas, no la arquitectura administrativa que las ejecuta; examina el saldo, no la motivación ni la buena administración en sentido amplio.
Y, sin embargo, ahí es donde reside una parte sustancial del debate pendiente. Porque no es lo mismo gastar en médicos que en estructuras clientelares; no es equivalente reforzar un servicio que multiplicar órganos; no produce el mismo efecto integrar funciones en una consejería que dispersarlas en entes con consejo de administración propio.
Por eso quizá el siguiente paso lógico en la madurez del Estado autonómico no sea únicamente reformar el sistema de financiación, sino crear un auténtico “observatorio de observatorios”: un registro público, homogéneo y comparativo de todos los entes instrumentales autonómicos y locales. Un inventario vivo que permita saber cuántos son, cuánto cuestan, qué personal emplean, qué objetivos declaran y qué resultados acreditan.
Por supuesto, no se trataría de demonizar la descentralización ni de recentralizar competencias. Se trataría de introducir transparencia estructural. De desplazar el foco desde el agravio territorial hacia la eficiencia institucional. Porque la autonomía no consiste solo en recibir recursos, sino en administrarlos con rigor.
Los partidos que defienden el concepto de España, –en estos momentos exclusivamente los alineados a la derecha–, deberían procurar que todos los españoles, y no sólo los de la región afectada, conozcan cómo se organiza y cómo se gasta en cada una de las comunidades autónomas. Sólo entonces la discusión sobre la financiación autonómica estará completa.
