¿La vivienda sigue siendo el principal problema de Baleares?
— Es el principal desafío al que hacemos frente en Baleares y, me atrevería a decir, como sociedad. Además, no es un problema exclusivo de las Islas, sino que se da a nivel nacional e incluso mundial. Desde el primer día pusimos en marcha un plan de choque y seguimos trabajando en esa línea.
¿Modificaría algo del plan de choque impulsado por su antecesora, Marta Vidal?
— Creo que el Decreto Ley de Emergencia Habitacional fue una medida muy acertada. Incorporó actuaciones como la conversión de locales en viviendas, la posibilidad de dividir inmuebles o de aumentar alturas. Era la primera piedra de una estrategia más amplia que posteriormente se ha desarrollado con nuevas medidas como Lloguer Segur o Construir per Llogar. Se trataba de poner en marcha un auténtico plan de choque frente al problema de la vivienda.
Si el Govern ha modificado el programa Lloguer Segur, ¿es porque no ha dado los resultados esperados?
— El objetivo de Lloguer Segur es aflorar vivienda vacía y ponerla a disposición de los residentes a precios asequibles. Sabemos que existe vivienda vacía, aunque todavía no disponemos de datos completamente fiables sobre cuánta hay realmente. Por eso estamos trabajando en un observatorio de la vivienda que nos permita conocer mejor esa realidad.
Somos ambiciosos y creemos que el programa puede dar mejores resultados. Hemos ampliado los supuestos de incorporación, permitiendo que más propietarios puedan adherirse y facilitando la entrada de viviendas turísticas al mercado residencial. Pero también necesitamos que los propietarios confíen. La Administración debe formar parte de la solución y no del problema. En este caso, el IBAVI firma contratos tanto con el propietario como con el inquilino, garantiza el cobro de las rentas y participa de forma directa en toda la operación. La implicación pública es total.
Sin embargo, apenas se han incorporado unas 82 viviendas. ¿Cómo explica esa cifra?
— Asumimos una parte importante de responsabilidad. Hemos comprobado, hablando con ayuntamientos, administradores de fincas y agentes de la propiedad inmobiliaria, que se trata de un programa poco conocido. Por eso hemos puesto en marcha una campaña de difusión y formación para acercarlo a los propietarios.
Muchas veces quienes estamos inmersos en la actualidad política creemos que determinadas medidas son conocidas por todos, y no es así. Estamos convencidos de que una mayor difusión, junto con la ampliación de supuestos y la simplificación de los trámites, permitirá mejorar significativamente los resultados.
La oposición acusa al Govern de favorecer a determinadas promotoras o intereses particulares. ¿Qué responde a esa acusación?
— Nuestro objetivo es aumentar la oferta de vivienda asequible para los residentes. No estamos aquí para favorecer a unos pocos, sino para ayudar a quienes tienen dificultades para acceder a una vivienda. Todas las medidas que hemos impulsado persiguen exclusivamente ese objetivo.
"No estamos aquí para favorecer a unos pocos"
¿Por qué no seguir el modelo de la pasada legislatura y centrar todos los esfuerzos en la promoción pública?
— Porque sería claramente insuficiente. La vivienda pública es una pieza fundamental y actualmente tenemos proyectadas más de 1.200 viviendas públicas, una cifra sin precedentes en Baleares. Pero pensar que todo el problema puede resolverse sólo mediante VPO es ingenuo.
Lo que hemos hecho es desplegar un auténtico plan de vivienda con múltiples herramientas: vivienda pública, vivienda a precio limitado, Construir per Llogar, desbloqueo de suelo y programas como Lloguer Segur. La Administración, por sí sola, no tiene capacidad para afrontar un desafío de esta magnitud.
¿Hasta qué punto influye el alquiler turístico en la crisis de acceso a la vivienda?
— Es un factor más y somos plenamente conscientes de ello. Por eso este Govern ha adoptado medidas en esa dirección. Por primera vez se ha hablado abiertamente de contención y de la necesidad de actuar ante el principal problema que tienen las Islas, que es la vivienda.
Hemos prohibido definitivamente el alquiler turístico en edificios plurifamiliares y estamos limitando plazas turísticas. Además, hemos facilitado que viviendas que estaban destinadas al alquiler vacacional puedan incorporarse al mercado residencial a través de programas como Lloguer Segur.
"Hemos aprobado medidas para incentivar que viviendas turísticas ilegales pasen al alquiler residencial"
También hemos aprobado medidas para incentivar que viviendas turísticas ilegales pasen al alquiler residencial, permitiendo reducciones importantes de sanciones si sus propietarios las incorporan al programa. Todo aquello que consiga trasladar oferta turística al mercado residencial contribuirá a ofrecer soluciones habitacionales a las familias de Baleares.
¿Considera que el mercado del alquiler está tensionado?
— El mercado está sometido a una fuerte presión porque existe muy poca oferta disponible.
Entonces, ¿por qué se niega a declarar Baleares zona tensionada?
— Porque allí donde se ha aplicado esa medida se ha conseguido precisamente el efecto contrario al que se perseguía. Si el objetivo es aumentar la oferta y la consecuencia es que la oferta disminuye, estamos fracasando. Hemos visto cómo miles de viviendas abandonan el mercado residencial para pasar al alquiler de temporada, que no está sometido a las mismas limitaciones. Existen numerosos estudios que alertan de ese efecto perverso. Por eso no creemos en una medida que consideramos contraproducente y que, lejos de resolver el problema, puede agravarlo.
"Hemos visto cómo miles de viviendas abandonan el mercado residencial para pasar al alquiler de temporada"
Cuando se acusa al Govern de incumplir la Ley Estatal de Vivienda, ¿qué responde?
— Que es rotundamente falso. La ley contempla una serie de instrumentos que las comunidades autónomas pueden decidir aplicar o no. Las competencias en vivienda siguen siendo autonómicas y, por tanto, corresponde a cada comunidad determinar qué medidas considera más adecuadas para afrontar el problema.
En Ibiza, donde la crisis de vivienda es especialmente grave, ¿tiene sentido impulsar promociones dirigidas a colectivos concretos, como policías o personal sanitario? ¿No son soluciones provisionales?
— No lo creo. Si toda la vivienda que construyéramos estuviera destinada exclusivamente a esos colectivos, probablemente sí podríamos hablar de un error. Pero no es el caso. Lo que hacemos es reservar una parte de la oferta para determinados profesionales que necesitan desplazarse a nuestras islas y que también sufren las dificultades de acceso a la vivienda. No son parches, sino una medida más dentro del conjunto de políticas que estamos desarrollando.
Sigue vivo el debate sobre limitar la compra de vivienda a no residentes. ¿Cuál es la posición del Govern?
— Nosotros escuchamos todas las propuestas y analizamos todas las posibilidades. Este asunto se ha estudiado y se ha debatido. Pero hay una realidad incontestable: formamos parte de la Unión Europea y debemos respetar las normas que rigen el mercado único, la libre circulación de personas, capitales y servicios.
"Formamos parte de la Unión Europea y debemos respetar las normas que rigen el mercado único"
Es cierto que existen territorios europeos donde se aplican restricciones de este tipo, como algunas islas de Dinamarca o Malta, pero son excepciones recogidas en sus respectivos tratados de adhesión. Por tanto, responden a circunstancias muy concretas y preexistentes.
¿Habría que intentar obtener una excepción similar?
— Antes de plantear limitaciones de esa naturaleza debemos demostrar que hemos agotado todas las herramientas que están a nuestro alcance. No podemos presentarnos ante la Unión Europea diciendo que nuestra única política de vivienda es la promoción pública y que, además, queremos restringir uno de los principios básicos de la Unión.
Lo que estamos haciendo es desplegar un conjunto amplio de medidas: desbloqueo de suelo, programas de alquiler asequible, vivienda pública, vivienda a precio limitado y colaboración público-privada. Debemos seguir avanzando en esa dirección.
¿La colaboración público-privada puede fomentar la especulación?
— No. Precisamente ocurre lo contrario. Cuando existe escasez de suelo puede generarse especulación, y por eso hemos adoptado medidas para aumentar la oferta. La Ley 4/2025 permite desbloquear suelo urbano y urbanizable que ya estaba previsto en los planeamientos municipales, pero que permanecía paralizado.
"Cuando existe escasez de suelo puede generarse especulación, y por eso hemos adoptado medidas para aumentar la oferta"
Además, hemos establecido condiciones muy claras. Todo desarrollo acogido a esta normativa deberá destinar, como mínimo, un 50 por ciento de las viviendas a algún régimen de protección. Es una condición innegociable. El sector privado puede participar, pero sabe desde el principio que deberá contribuir a generar vivienda asequible para los residentes.
¿Baleares perderá fondos estatales por negarse a declarar zonas tensionadas?
— No. Lo que puede ocurrir es que determinadas líneas de ayuda favorezcan a las comunidades que hayan declarado zonas tensionadas, pero el volumen global de recursos destinado a Baleares no se verá reducido.
Lo que sí nos preocupa es el retraso con el que se ha aprobado el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Ese retraso supone que muchas convocatorias llegarán con varios meses de demora. Además, echamos en falta una mayor negociación con las comunidades autónomas, porque las competencias en materia de vivienda corresponden a las autonomías. También conviene recordar que el Plan Estatal se financia conjuntamente. En Baleares, la aportación autonómica se ha multiplicado respecto a etapas anteriores y representa un esfuerzo muy importante por parte de la comunidad autónoma.
MOVILIDAD
Hablemos de movilidad. ¿Cuáles son las prioridades del Govern: ampliar infraestructuras viarias o reforzar el transporte público?
— En materia de carreteras, las competencias corresponden fundamentalmente a los consells insulars. En lo que respecta a la Conselleria, nuestras competencias se centran en el transporte público interurbano, el transporte ferroviario, SFM y el Metro. Por eso nuestro objetivo prioritario es potenciar al máximo el transporte público para que se convierta en una alternativa real al vehículo privado. Dentro de ese objetivo también apostamos claramente por mejorar las infraestructuras ferroviarias. El ferrocarril es el medio de transporte de mayor capacidad y una herramienta fundamental para vertebrar Mallorca y contribuir a descongestionar las carreteras.
Aunque no sea una competencia directa de la Conselleria, ¿le preocupan las imágenes de colas y atascos que se repiten en determinados puntos de la red viaria de Mallorca?
— Por supuesto que nos preocupan. Que no sea una competencia directa no significa que miremos hacia otro lado. Trabajamos de forma coordinada con el Consell de Mallorca, con los ayuntamientos y con otras conselleries para buscar soluciones a corto, medio y largo plazo. Lo hemos hecho en actuaciones concretas como la rotonda de entrada a Palma desde Calvià, la de Son Castelló o los aparcamientos disuasorios.
También estamos impulsando iniciativas junto con el sector privado y las administraciones para reducir desplazamientos y mejorar la movilidad de los trabajadores. La colaboración institucional es imprescindible. Hemos realizado estudios, encuestas y análisis con empresas y trabajadores para conocer mejor la situación y diseñar medidas eficaces. Todos somos conscientes del problema y todos debemos contribuir a solucionarlo.
¿Cuándo comenzarán las obras del tren de Llucmajor?
— Los plazos previstos apuntan a que las obras podrían comenzar alrededor de 2028 y finalizar en torno a 2032. Evidentemente hablamos de grandes infraestructuras y siempre pueden producirse retrasos, pero ese es el horizonte con el que estamos trabajando.
¿Cuenta el Govern con financiación del Estado para llevar adelante este proyecto?
— Nosotros no contemplamos otra posibilidad. Baleares necesita recuperar el convenio ferroviario igual que necesita recuperar el convenio de carreteras. Mientras la Península dispone de una amplia red ferroviaria financiada por el Estado, Baleares carece de ese apoyo. Por tanto, para nosotros es imprescindible contar con financiación estatal.
¿Se está negociando actualmente ese convenio ferroviario?
— Ha habido reuniones técnicas entre el Govern y el Ministerio de Transportes, pero seguimos reclamando una reunión política con el ministro Óscar Puente. Necesitamos trasladarle directamente la realidad de Baleares y explicarle que aquí no hablamos de alta velocidad, sino de una red de cercanías y de servicio público.
Hemos enviado nuevas comunicaciones al Ministerio porque consideramos inaceptable que en toda la legislatura no se haya celebrado ni una sola conferencia sectorial de Transportes. Es una situación que dificulta enormemente la cooperación institucional.
¿Qué valoración hace de la gestión del Ministerio de Transportes?
— Mi impresión es que el Ministerio está más pendiente de gestionar la crisis política que atraviesa el Gobierno que de atender los problemas reales de los ciudadanos. Nosotros seguiremos defendiendo los intereses de Baleares y reclamando las inversiones que consideramos justas y necesarias.
Quería preguntarle por Aena. Tras la polémica generada por el proyecto de ampliación del aeropuerto de Ibiza, ¿cómo valora la relación con el gestor aeroportuario?
— Lo resumiría de forma muy sencilla: Aena actúa como una gran empresa y su principal objetivo es maximizar beneficios. Nuestra obligación es recordar que los aeropuertos de Baleares son mucho más que infraestructuras de transporte. Son la puerta de entrada a nuestra casa. Por eso mantenemos una relación institucional fluida con Aena, pero también exigente. Queremos que escuche las necesidades de las Islas y que tenga en cuenta el impacto territorial, económico y social de sus decisiones.
¿Es ahí donde encaja la reivindicación de la cogestión aeroportuaria?
— Exactamente. Lo que defendemos es que Baleares tenga voz y voto en las decisiones que afectan a sus aeropuertos. No basta con recibir información una vez tomadas las decisiones. Queremos participar en ellas porque afectan directamente al futuro de nuestras Islas.
Para terminar, ¿cómo están funcionando las ayudas al sector del transporte por carretera tras la crisis derivada del conflicto en Oriente Medio?
— El transporte es un sector esencial para Baleares y ha sufrido especialmente las consecuencias de esa situación internacional. Por eso el Govern aprobó un paquete específico de ayudas dentro del Decreto Ley 1/2026. En total destinaremos cerca de 10 millones de euros al sector: seis millones para el transporte de mercancías, 750.000 euros para el transporte discrecional de viajeros, 500.000 euros para el sector del taxi, 100.000 euros para los VTC y 2,5 millones para el achatarramiento de vehículos.
Son ayudas consensuadas con el propio sector y diseñadas para llegar de forma rápida y sencilla a empresas y autónomos. Además, incorporan criterios de doble y triple insularidad, con incrementos específicos para Menorca, Ibiza y Formentera. Calculamos que podrán beneficiarse unas 8.000 empresas y autónomos y alrededor de 15.000 vehículos.
