El Gobierno de España ha cerrado un acuerdo con Podemos para aprobar una regularización extraordinaria de inmigrantes en situación irregular, una medida que se adoptará por real decreto y sin pasar por el Congreso. La iniciativa —fruto de meses de negociación entre el PSOE y la formación morada— busca dar papeles y seguridad jurídica a personas que ya viven en España y cumplen ciertos requisitos de residencia.
Hemos acordado con el PSOE una regularización extraordinaria de personas que no tienen papeles. Nadie más trabajando sin derechos. Gracias a @RegularizacionY.
Hoy y siempre, ¡sí se puede!pic.twitter.com/di2bjyiWIJ
— Ione Belarra (@ionebelarra) January 26, 2026
El pacto fue anunciado este lunes por Irene Montero, secretaria política y eurodiputada de Podemos, en un acto en Madrid bajo el lema ‘Regularización con derechos’. Según Montero, “tendrán papeles todas las personas que estuvieran en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que puedan demostrar al menos cinco meses de residencia”, un umbral que se podrá acreditar con diferentes documentos como el empadronamiento, informes médicos, contratos de luz o certificados de envío de dinero.
Esta medida extraordinaria afectaría —según estimaciones de Podemos y fuentes gubernamentales— a alrededor de medio millón de personas, aunque dirigentes morados han sugerido la posibilidad de ampliar ese número hasta cifras superiores si se ajustan los criterios operativos.
La ministra de Seguridad Social, Migraciones e Inclusión, Elma Saiz, ha informado que los extranjeros en situación irregular podrán solicitar acogerse a la regularización entre principios de abril y el 30 de junio de este año. La ministra portavoz ha asegurado en declaraciones a TVE que "habrá un plazo de no más de 15 días para que sea admitida a trámite" y ha añadido que "desde ese momento ya van a poder trabajar en cualquier sector, en cualquier lugar del país".
Objetivo
El Ejecutivo, que lleva la propuesta al Consejo de Ministros de este martes para iniciar su tramitación inmediata, sostiene que la regularización pretende reconocer una “realidad social existente” y garantizar derechos básicos —trabajo legal, acceso a sanidad, seguridad social y situación regularizada en España— a personas que ya están integradas social y económicamente.
El pacto con Podemos retoma el mandato de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) respaldada por más de 700.000 firmas que llevaba más de un año bloqueada en el Congreso por falta de apoyos parlamentarios suficientes, especialmente tras la resistencia de ciertos grupos políticos.
Requisitos y proceso
Los beneficiarios deberán haber residido en España antes del 31 de diciembre de 2025 demostrar al menos cinco meses de estancia continuada en el país antes de que finalice el plazo administrativo y no tener antecedentes penales.
El procedimiento empezará con una autorización de residencia provisional, que permitirá trabajar y acceder a servicios básicos, y posteriormente podrá convertirse en una autorización de residencia de mayor duración si se cumplen los requisitos adicionales que establezca la normativa a desarrollar.
Reacciones políticas
La medida ha encendido el debate político. El Partido Popular (PP) ha arremetido contra el pacto, acusando al Gobierno de usar la regularización como una “cortina de humo” para desviar la atención de otras crisis (como la reciente tragedia ferroviaria de Adamuz) y de promover un efecto llamada que, según su argumentación, podría incentivar nuevas llegadas irregulares.
Por el contrario, los dirigentes de Podemos —incluida Ione Belarra— ha defendido la medida como una respuesta humanitaria y de derechos humanos a situaciones de precariedad y explotación, y ha rechazado que la iniciativa esté supeditada a otras negociaciones presupuestarias o de apoyos parlamentarios.
Sin apoyo parlamentario
La iniciativa representa una de las mayores acciones de regularización de inmigrantes en España en décadas, similar en escala a procesos anteriores como el de 2005, aunque se diferencia en la forma escogida para su aprobación, pues se recurre al real decreto sin pasar por el Parlamento, ante la imposibilidad de que la medida obtenga el respaldo de la mayoría de diputados. PP, Vox y Junts se oponen a la medida.
¡500.000 ilegales!
El tirano Sánchez odia al pueblo español. Quiere sustituirlo. Por eso pretende promover el efecto llamada por decreto, para acelerar la invasión.
Hay que detenerlo. Repatriaciones, deportaciones y remigración. https://t.co/emUBvUAybx
— Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) January 26, 2026
840.000 inmigrantes irregulares
La población extranjera en situación administrativa irregular en España podría haber alcanzado las 840.000 personas a 1 de enero de 2025, según una nueva estimación publicada por Funcas. La cifra equivale al 17,2% del total de población extranjera no comunitaria y confirma un crecimiento sostenido y muy acusado desde 2017, cuando apenas superaba las 100.000 personas .
El informe, incluido en la Nota de Coyuntura Social de enero de 2026, señala que en los últimos ocho años la población extracomunitaria residente en España casi se ha duplicado, pasando de 2,5 a 4,9 millones de personas. Sin embargo, el número de inmigrantes en situación irregular se habría multiplicado por ocho, hasta alcanzar las cifras actuales, lo que representa cerca de un tercio del incremento total de población no comunitaria registrado desde 2017 .
Funcas destaca que el grueso de este crecimiento se concentra en nacionalidades americanas, que representan el 91% de la población irregular estimada. Solo las personas procedentes de América sumarían en torno a 760.000 inmigrantes en situación irregular, con especial peso de ciudadanos colombianos, peruanos, hondureños y venezolanos. A gran distancia se sitúan África (50.000), Asia (15.000) y Europa no comunitaria (14.000) .
El informe analiza también el impacto potencial de la reforma del reglamento de extranjería, en vigor desde mayo de 2025, con la que el Gobierno aspira a regularizar a 900.000 personas entre 2025 y 2027. Según los cálculos de Funcas, incluso si se cumplen esas previsiones, el efecto sería limitado: el crecimiento anual de la irregularidad ronda actualmente las 90.000 personas, por lo que la nueva normativa conduciría más bien a una estabilización de la cifra total —en torno a 850.000— y no a una reducción significativa .
La fundación advierte de que estas cifras vuelven a poner de manifiesto las debilidades estructurales del modelo migratorio español, basado en largos periodos de irregularidad antes de la regularización por arraigo y carente de una planificación clara sobre volúmenes, perfiles y necesidades del mercado laboral. Funcas reclama una estrategia migratoria más definida, vinculada al crecimiento económico y a la productividad, que evite la cronificación de la irregularidad y reduzca la vulnerabilidad social y laboral de los inmigrantes.
