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La Guardia Civil investiga a 15 personas por vertidos ilegales en Establiments, Petra y Sineu

lunes 31 de octubre de 2016, 14:35h
Residuos procedentes de construcción y demolición, así como plásticos, fibrocemento o material eléctrico. Sin ningún miramiento, abandonaban todos estos vertidos en diferentes parcelas de Establiments, Petra y la zona entre Sineu y Llubí. El Seprona los ha identificado y les acusa de un delito contra el medioambiente.

En total, son 15 los investigados por la Guardia Civil en el marco de la operación FEMER.

A final de verano pasado, los agentes tuvieron conocimiento de un posible vertido de residuos sin tratar en un paraje ubicado entre las localidades de Sineu y Llubí.

Tras ello, Guardias Civiles de Protección de la Naturaleza iniciaron una investigación, hallando en el lugar indicado gran cantidad de residuos procedentes de construcción y demolición (RCD), así como algunos de los considerados como peligrosos para el medio ambiente, como plásticos, fibrocemento y material eléctrico, entre otros.

Avanzando en la investigación y empleando para ello los medios aéreos (helicóptero) que la Guardia Civil dispone en Baleares, los agentes localizaron dos parcelas más donde eran arrojados residuos del mismo tipo por las mismas personas, una en Petra y la tercera en Establiments, en Palma.

Una vez identificados todos los implicados que intervenían en los hechos, los agentes decidieron citar en calidad de investigados a 15 personas que constituían una organización dividida en tres escalones: el generador de residuos (constructor), el transportista y en último lugar el que ocultaba los residuos (propietarios de las parcelas), todos ellos como presuntos autores de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, sospechando que pudieran haber ocultado un total de 4.000 toneladas de residuos.

La normativa vigente establece que los RCD están sujetos a una determinada gestión (valoración, transporte, almacenaje y eliminación), por parte de empresas autorizadas, en este caso y con la finalidad de evitar el pago de las correspondientes tasas de gestión a los gestores autorizados, los investigados pudieran haber eludido el pago de entre 140.000 y 160.000 euros.

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