Los diputados en el Parlament de les Illes Balears Enric Casanova (PSOE), Aitor Morrás (Podem) y David Abril (Més per Mallorca), han ofrecido una rueda de prensa este sábado en Eivissa, donde han dado a conocer sus conclusiones del informe sobre la comisión parlamentaria que ha investigado el proceso de contratación, ejecución y gestión de la concesión de las autopistas de Ibiza.
Una actuación con "numerosas irregularidades" en el proceso de diseño, planificación, contratación, ejecución y gestión, con prácticas "constatadas" de "presunta corrupción" por parte de los responsables políticos del PP desde sus inicios en 2004 hasta la pasada legislatura, según han afirmado los tres parlamentarios.
Por todo ello, han acordado poner en conocimiento de la Fiscalía anticorrupción y del magistrado de la Audiencia Nacional que actualmente investiga la financiación ilegal del PP de Madrid, las conclusiones de su trabajo, por las conexiones que dicen haber descubierto entre los dos asuntos.
El informe resalta "las mentiras y contradicciones" entre los comparecientes "que podrían abrir" vías de investigación adicionales susceptibles de ser judicializadas.
En este sentido, el documento cita, entre una larga lista, el ex director de carreteras del Gobierno Balear, Carlos Jover; la ex consellera de Obras Públicas del Consell d’Eivissa, Stella Matutes; la también ex consellera de Obras Públicas del Govern y actualmente diputada del PP, Mabel Cabrer; o el expresidente del Ejecutivo, Jaume Matas. Según los tres diputados, con sus comparecencias acreditaron "la intencionalidad y la voluntad de asumir el control de todo el proceso" de las carreteras de Ibiza, "así como la vinculación de buena parte de los sobrecostes a determinadas decisiones políticas".
Asimismo, se constata que la discrecionalidad con que se administraba el dinero de la ejecución de las obras permitía "esquivar" fácilmente los controles públicos por parte de las empresas constructoras como, por ejemplo, de facturas por gastos de publicidad, "una práctica en consonancia con otros casos de presunta corrupción relacionados con la financiación irregular del PP" y que, ahora, están siendo investigados, como 'Trama Púnica'.
Según el informe, la manera en que los responsables políticos tomaron las decisiones en cuanto a las autopistas de Ibiza apuntan "la ilegitimidad" de una deuda generada "que deberán asumir las ciudadanas y ciudadanos" y que representa "la segunda hipoteca más grande de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (CAIB)" -sólo superada por el hospital de Son Espases- con un canon anual de más de 20 millones de euros, debido a los sobrecostes de "una actuación que tenía que costar, según el convenio de carreteras de 1999, 8,33 millones de euros, que se licitó por 166 millones de euros y que acabará costando 600 millones de euros".
Para entender este sobrecoste, las conclusiones argumentan las irregularidades en la planificación y en todo el proceso posterior, incluida "una des-responsabilización política, administrativa y empresarial en las decisiones tomadas". En la documentación administrativa aportada en la comisión se acredita que el proceso de contratación "no se ajustó a derecho", tal como señala la auditoría realizada en 2010 por la consultora Gerens Hill.
Una de las irregularidades más flagrantes y que también generan indefensión con respecto a la defensa del interés público es que responsables políticos puedan actuar en la gestión de un mismo expediente, en momentos diferentes, como responsables técnicos.
Los representantes de los tres partidos han descartado exigir responsabilidades políticas al considerar que las responsabilidades, al existir indicios de delitos, deberán establecerse en el ámbito judicial.
