Prohens lo anuncia en el Parlament

El Gobierno deniega la contingencia migratoria a Baleares

Parlament 13 Mayo
Foto de archivo de Prohens. Autor: J. Fernández Ortega

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha denunciado este martes en el pleno del Parlament que el Ejecutivo central ha rechazado la petición de contingencia migratoria solicitada la semana pasada por el Ejecutivo autonómico.

Prohens ha anunciado que esta decisión se ha comunicado el mismo día en que el archipiélago ha superado la cifra de más de 5.000 personas en situación irregular en lo que llevamos de 2025 —185 de ellas llegadas solo en la jornada de ayer—. "Aprovecho para informar que hoy mismo, el mismo día que superamos más de 5.000 personas migrantes irregulares en lo que llevamos de 2025, el Gobierno de Sánchez, con el beneplácito del PSIB-PSOE, nos ha comunicado que se nos deniega la contingencia migratoria", ha denunciado.

Asimismo, la líder del PP balear ha defendido que el Govern "recurrirá a todas las vías" a su alcance para frenar un reparto de menores migrantes no acompañados que, en sus palabras, "favorece a otras comunidades autónomas". En este sentido, ha reclamado al Estado el refuerzo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y la recuperación de la cooperación con Argelia, entre otras medidas.

"ESTO ES RACISMO INSTITUCIONAL"

Por otro lado, Prohens ha cargado contra el Gobierno central: "Para el Gobierno no es suficiente que los centros de menores estén al 1.000 por ciento de sobreocupación, quieren más, con menos dignidad", ha criticado, antes de sentenciar que "esto es racismo institucional".

El debate se ha producido durante la sesión de control, la primera tras el parón parlamentario de agosto, en respuesta a una pregunta de la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, que le había pedido a la presidenta si está dispuesta a "pasar de las palabras a los hechos en materia de inmigración ilegal".

Finalmente, Prohens ha apelado también a la oposición a sumarse a su reivindicación: "Salgamos a la calle y pidamos la contingencia migratoria", ha espetado al portavoz socialista Iago Negueruela.

LOS ARGUMENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL

El Gobierno ha denegado la declaración de contingencia migratoria extraordinaria solicitada por Baleares al considerar que esta comunidad autónoma no cumple, a día de hoy, con el requisito de acoger al triple de menores no acompañados de lo que marca su capacidad ordinaria, como sí ocurre en Canarias, Ceuta y Melilla.

Según fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia, la contingencia migratoria permite a un territorio derivar menores migrantes a otras comunidades y establecer la derivación automática de los que lleguen a partir del 1 de septiembre. La capacidad ordinaria se fija en una ratio de 32,6 menores por cada 100.000 habitantes, lo que en el caso de Baleares supone 406 plazas. Para declarar la contingencia, la comunidad tendría que superar los 1.218 menores acogidos, pero en el momento de la solicitud solo albergaba 694.

El Ministerio que dirige Sira Rego ha reprochado al Govern balear haber solicitado esta medida "a sabiendas de que no cumple los requisitos", lo que atribuye a una estrategia de confrontación política. Además, recuerdan que Baleares no acudió a la conferencia sectorial en la que se iban a repartir 22 millones de euros de crédito extraordinario para Canarias, Ceuta, Melilla y, por primera vez, también para Baleares.

"Ni Baleares ni ninguna otra comunidad autónoma ha presentado durante todo este tiempo una sola propuesta o criterio alternativo para la declaración de la contingencia migratoria extraordinaria", han señalado fuentes ministeriales, que insisten en que la política del Gobierno es de "mano tendida".

RECURSOS JUDICIALES EN MARCHA

Baleares es una de las comunidades gobernadas por el PP que ha recurrido el reparto de menores al Tribunal Constitucional y también ha acudido al Tribunal Supremo con un recurso contencioso-administrativo.

Mientras tanto, desde el Ministerio subrayan que Baleares no estará entre las primeras comunidades en recibir traslados de menores, ya que la ley establece que tendrán prioridad aquellas autonomías con mayor capacidad ordinaria y plazas disponibles para acogerlos "con dignidad".

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