La resolución confirma la pena adelantada el pasado 20 de noviembre: dos años de inhabilitación, una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros para el empresario. García Ortiz presentó su dimisión el 24 de noviembre, cuatro días después de conocerse el fallo. La sentencia es firme y solo admite recursos extraordinarios, como un incidente de nulidad o un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales, ambos con escasas posibilidades de prosperar.
FILTRACIÓN DE CORREO Y NOTA OFICIAL
El Supremo considera probado que la filtración del correo —enviado el 2 de febrero y en el que González Amador ofrecía reconocer dos delitos fiscales a cambio de evitar la cárcel— se produjo la noche del 13 de marzo por García Ortiz o alguien de su entorno con su conocimiento. La publicación de la nota de prensa de la Fiscalía el 14 de marzo, que detallaba los intercambios de mails y la admisión de los delitos, consolidó la revelación, constituyendo “una unidad de acción” según el tribunal.
El Alto Tribunal subraya que “el fiscal general del Estado no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito”, rechazando la justificación de García Ortiz de que el comunicado era necesario para desmentir informaciones de El Mundo sobre un pacto presuntamente ofrecido por Fiscalía. La sentencia recuerda que el deber de reserva y confidencialidad del fiscal general no desaparece aunque parte de la información ya hubiera circulado públicamente.
JUICIO Y TESTIMONIOS
El juicio, celebrado entre el 3 y el 13 de noviembre, incluyó la declaración de 40 testigos, entre ellos Alberto González Amador, altos cargos de la Comunidad de Madrid y de Moncloa, y una docena de periodistas. Algunos confirmaron que González Amador ya había reconocido sus delitos antes de que el fiscal general recibiera el correo.
Por su parte, tres periodistas aseguraron que accedieron al correo sin intervención de García Ortiz, aunque todos se acogieron al secreto profesional para no revelar sus fuentes.
VOTO PARTICULAR Y REDACCIÓN SENTENCIA
La condena fue adoptada por mayoría, aunque contó con el voto particular de dos magistradas, Ana María Ferrer García y Susana Polo García. Polo, inicialmente encargada de redactar la ponencia, fue sustituida por el presidente de la Sala, Andrés Martínez Arrieta, debido a su discrepancia, lo que motivó que el Supremo adelantara el fallo antes de la redacción definitiva.
La condena se basa en el artículo 417.1 del Código Penal, que castiga a las autoridades que revelan información reservada conocida por razón de su cargo. El tribunal aplicó la franja media del tipo básico para la inhabilitación y la mínima para la multa, por debajo de lo solicitado por las acusaciones, que pedían hasta seis años de prisión y 12 de inhabilitación.
EL GOBIERNO, CON "CONFIANZA PLENA" EN EL TS
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha compartido su "confianza plena" en el Tribunal Supremo, aunque afirma que le hubiese gustado que la sentencia se hubiese conocido antes. "Es una sentencia que se ha tomado por cinco votos frente a dos y, desde luego, mi confianza plena", ha añadido.
"Creo que hubiera sido mejor que la sentencia se hubiera adelantado, pero plena confianza en el Tribunal Supremo. Tenemos que confiar en las instituciones. Si no confiamos en todas las instituciones, la democracia no funciona y mi confianza en el TS es total y absoluta", ha zanjado Robles.
Por otro lado, la ministra portavoz, Pilar Alegría, ha confesado que han conocido la sentencia minutos antes de la celebración de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, por lo que no ha querido hacer ninguna valoración. "Lo sensato y lo prudente es que podamos estudiarla para hacer una valoración más oportuna una vez conocido el propio contenido de la sentencia", sostiene.
