El Consell de Govern ha aprobado una subvención de 20 millones de euros para que la EMT de Palma adquiera autobuses eléctricos, promoviendo la descarbonización del transporte público y una movilidad sostenible en Baleares, alineada con la Agenda 2030.
Palma Beach incorpora nuevas empresas, como 'BonaOna' y 'Adventure Tours', así como tres restaurantes premium, fortaleciendo su compromiso con la calidad y sostenibilidad en el turismo, y promoviendo la conexión con los residentes de Mallorca.
La cita previa para una gestión telefónica ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social en Palma se demora un mes por falta de personal disponible. El PP denuncia el caos, la saturación de oficinas y la pérdida de accesibilidad, criticando al Gobierno por la falta de recursos.
La Terremoto de Alcorcón, lo ha vuelto a hacer: el XXI aniversario del Bar Flexas será, sin lugar a dudas, la cita del verano mallorquín. Con un cartel explosivo, guiños sociales y una dosis de provocación marca de la casa, la fiesta Ja hi tornam a ser promete hacer historia
El Ayuntamiento de Palma estima que hay 15,000 viviendas de alquiler turístico ilegal. Para combatir esta práctica, han firmado un convenio con el Consell de Mallorca que permitirá realizar inspecciones y sanciones coordinadas durante cuatro años.
La movilidad en Mallorca experimenta un avance clave con la esperada ampliación del metro de Palma, que desde este jueves conectará la Universitat de les Illes Balears (UIB) con el ParcBit, el principal polo tecnológico de Baleares.
El viejo cuartel de Son Simonet ya es historia. Las obras para transformar este enclave militar abandonado en una nueva promoción de más de 200 viviendas han comenzado esta semana en Palma.
Palma activa las multas en la Zona de Bajas Emisiones, excluyendo vehículos sin distintivo ambiental. Las sanciones, de hasta 200 euros, buscan reducir la contaminación y cumplir con la legislación ambiental, con excepciones para ciertos grupos. Se prevé un endurecimiento gradual de las restricciones.
Emaya ha llegado a un acuerdo con un sindicalista despedido irregularmente y que debió ser readmitido, comprometiéndose a pagar 225.000 euros a cambio de desistir de sus demandas judiciales. La exdirectora de Servicios Corporativos despedida en mayo, Nuria Gallego, ha impugnado el acuerdo y ha demandado a la empresa.
