Hay quien aún cree que la transición energética es cosa de ingenieros o ministros, pero en las Illes Balears cada vez más ciudadanos descubren que también se construye a pie de calle. Y, en muchas ocasiones, en una oficina de barrio. Son seis —una en cada isla y tres más en Mallorca— y forman la red de Oficinas de Transición Energética (OTEIB), una iniciativa pionera gestionada por el Institut Balear de l’Energia (IBE) que ha encontrado su lugar en un sistema energético complejo, a menudo opaco, y con un lenguaje legalista que espanta incluso al más motivado.
“La gente ha perdido el miedo. Vienen porque ven que esto funciona”, resume Hernando Rayo, director gerente del IBE. Rayo celebra el salto cuantitativo en la atención. Ya son más de 8.900 personas las que han pasado por las oficinas en la primera mitad de este año, y todo apunta a que superarán holgadamente el objetivo anual de 15.000 usuarios. Pero más allá del número, lo que destaca es el cambio de percepción. Ya no son espacios burocráticos, sino centros de apoyo, traducción administrativa y acompañamiento.
“No hace falta leerse el BOE para entender las ayudas”, ironiza Rayo. “Nosotros se lo explicamos con palabras claras”. Esa labor de traducción no es menor. La mayor parte de las consultas se refieren a subvenciones, sobre todo a las del programa de autoconsumo, las del Bono Social o las ayudas MOVES III para movilidad eléctrica. El ciudadano medio no tiene por qué saber qué es una potencia contratada ni si le conviene una batería virtual. Por eso las oficinas, atendidas por un equipo multidisciplinar de 20 profesionales, actúan como faros en el mar regulatorio de la transición energética.
De hecho, un 60 por ciento de las atenciones han sido presenciales, un dato llamativo en plena era digital. Para Rayo, es síntoma de una brecha evidente: “Hay gente mayor que no puede navegar por Internet para encontrar esta información. Aquí les ayudamos cara a cara”. Esa dimensión humana es clave en un contexto donde la energía sigue siendo un terreno tecnificado y alejado de la vida cotidiana.
COMUNIDADES SOLARES: DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA
Uno de los grandes motores de este dispositivo son los llamados “autoconsumos compartidos”, sistemas de placas solares instalados en edificios públicos que suministran energía limpia a vecinos del entorno. En palabras llanas, “sol para todos”. La fórmula, impulsada por el IBE, ha multiplicado sus instalaciones y prevé cerrar 2025 con medio centenar en funcionamiento. Ya hay más de 30 activos, y muchos agotan rápidamente sus cupos.
“En los edificios públicos es más sencillo. Solo hay que coordinar con un responsable. Pero en las comunidades de propietarios la cosa se complica”, explica Rayo. Para sortear ese escollo, las OTEIB han comenzado a elaborar una guía específica para comunidades de vecinos, dirigida tanto a presidentes como a administradores de fincas, que detalla desde las mayorías necesarias para aprobar una instalación hasta los ahorros potenciales en la factura.
Y aquí conviene subrayar el dato: según el IBE, un hogar puede reducir su factura eléctrica hasta en un 50 por ciento con autoconsumo, incluso sin baterías. Eso sí, siempre que haya alguien que se lo cuente sin tecnicismos y con conocimiento de causa.
MUNICIPIOS QUE APRENDEN A AHORRAR
El impacto de la red las Oficinas de Transición Energética va más allá del ciudadano. Los ayuntamientos también son receptores clave de sus servicios, especialmente los más pequeños, que a menudo carecen de personal técnico cualificado. Durante este semestre, se han elaborado más de 90 informes técnicos para entidades locales, con propuestas de optimización del suministro eléctrico. En Es Mercadal, por ejemplo, se ha identificado un ahorro potencial de más de 8.000 euros, mientras que en Santanyí el ahorro podría alcanzar los 7.949 euros.
La asistencia técnica también ha sido crucial para desplegar autoconsumos compartidos en edificios de titularidad pública o educativa, como la Escuela de Arte de Ibiza o el IES Sa Colomina, donde se estima que los ahorros conjuntos podrían superar los 45.000 euros anuales.
