El Ejecutivo presidido por Marga Prohens ha gobernado este año 2025 en minoría, condicionado por una aritmética parlamentaria adversa. Si bien arrancó el año sin cuentas públicas aprobadas, logró alcanzar un acuerdo entre PP y Vox que permitió aprobar los presupuestos en julio de 2025 (7.469,1 millones de euros, un 2 por ciento más que en 2024).
Sin embargo, las discrepancias entre los partidos de derechas han impedido que haya techo de gasto y presupuestos para 2026, algo que todos atribuyen a sus respectivos rivales políticos. Así pues, el año nuevo comenzará con las cuentas prorrogadas. El Govern seguirá funcionando pero sin excesivo margen de maniobra real para impulsar nuevas políticas de calado.
En 2025 tuvo lugar el primer cambio en el Ejecutivo Prohens: la salida del Govern de Catalina Cirer, una de las figuras con mayor peso político del Ejecutivo y una dirigente histórica del PP balear. Fue sustituida por la secretaria general del PP de Balears, Sandra Fernández, quien dejó su puesto en el Congreso de los Diputados a Carlos Simarro, director general de Costas y Litoral. Paralelamente, se creó la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, al frente de la cual fue designada Catalina Cabrer, hasta entonces secretaria autonómica. La consellera de Presidencia, Antònia M. Estarellas, fue ascendida a vicepresidenta segunda del Govern.
‘ILLES EN TRANSFORMACIÓ’
El Govern de Marga Prohens ha tratado de avanzar con perfil propio en la agenda pública y un conjunto de grandes proyectos englobados en el plan de inversiones 'Illes en Transformació', que moviliza 3.800 millones para infraestructuras en salud, educación, ciclo del agua y transporte, buscando dar respuesta al crecimiento demográfico y proporcionar una necesaria modernización.
En el Debate de política general, celebrado en el mes de octubre, la presidenta Prohens sitúo el crecimiento demográfico como el gran desafío para las Islas y defendió la gestión del Govern como un cambio positivo en favor de residentes, autónomos y rentas medias, intentando así reforzar la narrativa de un Gobierno que “cumple la palabra dada”.
TURISMO
Al mismo tiempo, la política turística ha generado uno de los debates más encendidos. La saturación turística, el modelo de turismo sostenible y las medidas para contener la presión sobre la población residente, los servicios públicos y el entorno natural han protagonizado choques dialécticos entre el Ejecutivo y la oposición.
El 15 de junio se celebraron sendas manifestaciones en Palma e Ibiza, convocadas por la plataforma ‘Menys Turisme, Més Vida’, reclamando un decrecimiento turístico y poner límites. Sin embargo, Marga Prohens defendió en el Parlament que nadie quiere un decrecimiento turístico, rechazando las críticas de la izquierda sobre la masificación y defendiendo las medidas de contención impulsadas por el Govern del PP con el apoyo de Vox, mientras los socialistas acusaban al Govern de negar los problemas reales de saturación.
El calendario político incluyó también decisiones estratégicas no exentas de polémica en materia turística, con la convalidación por parte del Parlament de un Decreto de aceleración de proyectos estratégicos que toca ámbitos relacionados con la gestión de plazas turísticas, y que evidenció la necesidad de acuerdos con Vox para sacar adelante iniciativas clave.
Por otra parte, el Pacto por la Sostenibilidad sigue su curso en una segunda fase donde se analizan 540 aportaciones presentadas en el marco por las entidades participantes. Recordemos que el PSIB abandonó el foro a principios de año.
VIVIENDA
En materia de vivienda, la presión social y política se mantuvo elevada. La oferta insuficiente, los precios disparados y la dificultad de acceso para residentes siguieron siendo temas centrales. La Conselleria liderada por José Luis Mateo, junto a la Conselleria de Hacienda trabaja en una deducción fiscal para frenar subidas de alquileres en los contratos que finalizan en 2026.
A finales de año el Govern anunció un Plan de Choque de Vivienda con la construcción de 1.213 nuevas viviendas públicas —la mayoría en 2026— destinadas a residentes, un impulso sin precedentes en el parque autonómico que busca aliviar la tensión del mercado.
El Parlament aprobó la Ley de Proyectos Residenciales Estratégicos, con el fin de liberalizar suelo y reducir plazos para construir viviendas a precio limitado destinadas a residentes.
Por su parte, la oposición de izquierdas trató de marcar agenda lanzando críticas constantes a la gestión del Ejecutivo en vivienda y turismo, acusando al Ejecutivo de favorecer la especulación inmobiliaria y a los grandes empresarios del sector turístico. Més per Mallorca llegó incluso a proponer la abolición del alquiler turístico.
INMIGRACIÓN
La política migratoria fue foco de tensión constante entre el Govern y el Gobierno central. La llegada masiva de pateras desde Argelia, multiplicada este año, ha conllevado un agrio enfrentamiento del Ejecutivo Prohens con la Delegación del Gobierno, dirigida por Alfonso Rodríguez.
Rodríguez compareció en el Senado y aseguró que Frontex estaba actuando en Baleares desde febrero de 2025, algo que hace tiempo venía reclamando el Govern. Tal afirmación generó una encendida polémica que se vio agravada tras el desmentido por parte de un portavoz de la Agencia en la radio pública IB3.
Además, Baleares reclamó la declaración de contingencia migratoria, algo que fue denegado por el Gobierno de Pedro Sánchez. El asunto está en los tribunales.
CORRUPCIÓN
Los casos de corrupción en los que se han visto implicados altos dirigentes del PSOE, como los dos últimos secretarios generales, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, han afectado duramente a la formación que en Baleares lidera la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Cerdán estuvo ingresado cinco meses, hasta el 19 de noviembre, en prisión preventiva. Y actualmente se encuentran encarcelados el exministro José Luis Ábalos, todavía diputado en el Grupo Mixto, y su exasesor, Koldo García.
Recientemente Koldo García ha señalado a la propia Armengol, que como presidenta de una Cámara Legislativa está aforada, para que la causa sea asumida por el Supremo. El exasesor de Ábalos, ahora en prisión preventiva, apuntó que Armengol pudo haber participado en favorecer contrataciones públicas a la empresa Megalab Eurofins para comprar pruebas PCR a la trama de Koldo y el empresario Víctor de Aldama.
Sin embargo, hay que recordar que el Alto Tribunal archivó en julio una querella de Vox contra la expresidenta del Govern por supuestos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude, falsedad documental y falso testimonio en sede parlamentaria, en relación con la adjudicación de un contrato para la adquisición de mascarillas en 2020 por 3,7 millones de euros.
Además, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se vio obligado a dimitir tras ser condenado por revelación de secretos, supuso un duro varapalo para el Gobierno de PSOE-Sumar, que cargó duramente contra el fallo del Tribunal Supremo. El líder de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, llegó a calificar la condena de “infamia”.
RELACIÓN PP-VOX
La aritmética parlamentaria sin mayoría absoluta obligó al Govern a pactar con Vox en numerosos puntos, pero los ‘populares’ mantienen sus líneas rojas en materia lingüística y se oponen a asumir el discurso contrario al catalán en la educación, lo que ha impedido llegar a un acuerdo para aprobar el techo de gasto y negociar los presupuestos.
Sin embargo, en las demás instituciones en las que ambas formaciones gobiernan en coalición, como el Consell de Mallorca y los ayuntamientos de Calvià, Marratxí, Llucmajor, Alcúdia o Palma —con Vox fuera del gobierno pero con un pacto de gobernabilidad—, sí ha sido posible aprobar los presupuestos y se mantiene una buena relación.
A pesar de todo, la relación entre las formaciones de derechas en el Parlament balear no está rota, lo que permite aventurar acuerdos puntuales en 2026.
